En un dictamen que dejó azorados a juristas y colegas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, porque considera delictiva la decisión del organismo de presentar como nueva línea de trabajo un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, llamado Nodio.
El planteo de Stornelli está inspirado en la denuncia de un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, el mismo núcleo que intenta debilitar la causa por espionaje del macrismo que tramita en Lomas de Zamora y que –aunque parezca una paradoja– atacó con una denuncia penal a periodistas que informan sobre ella.
Se basa, además, exclusivamente, en una comunicación de la Defensoría que explica que el objetivo del Observatorio es proteger a la ciudadanía de las “noticias falsas, maliciosas y falacias”. No alude a ningún hecho ocurrido ni derecho afectado. Stornelli plantea que en este anuncio hay un “posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”, “censura previa” y de ataque a la “libertad de expresión”. La presentación, sobre la que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuccheti, criminaliza y le imprime un cariz político a una discusión sobre la veracidad de la información y mensajes violentos que trasmiten los medios que atañe a fortaleza del sistema democrático.
El trabajo del Observatorio fue anunciado para el aniversario número 11 de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a modo de línea de trabajo e investigación, que sigue el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y también sus criterios sobre el problema de la desinformación. Esto incluye las recomendaciones de “reconocer, vigilar y analizar las tendencia relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ella”, así como la investigación que vincula la difusión de esos discursos por internet y redes sociales y los actos de violencia.
La presentación de Lewin en la que se basa Stornelli explicaba la complejidad que introduce la convivencia de “los medios convencionales y el mundo digital”, lo que “potencia la libertad de expresión” y “mejora los procesos democráticos” al tiempo que contribuye a “la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa”. Era taxativa, a su vez, en señalar que lo que propicia la Defensoría en función de los criterios internacionales son “iniciativas ciudadanas con espíritu no punitivo” que involucren a “periodistas, medios, plataformas digitales, verificadoras, universidades y organizaciones de la sociedad civil”.
Sin embargo, el fiscal Stornelli interpretó que existe “la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas poiíticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política”.
Además de pedir la indagatoria, sin antes tramitar ninguna prueba, el fiscal le requiere a la jueza que dicte una media cautelar para “impedir la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio y que facilitara de esa forma la consolidación de posibles o mayores efectos dañinos”.
Lewin ya había explicado, cuando fue presentada la denuncia, que no hay ningún acto administrativo de por medio, que ni siquiera es que se crea un ente (también hay observatorio, por ejemplo, de discriminación) y que la Defensoría no ejercerá “control ni supervisión de la tarea de prensa”.
La mayor parte de las corrientes que trabajan –incluso desde el derecho– en estas problemáticas parte de que la existencia de observatorios que se ocupan de investigar y producir trabajos académicos no tienen bajo ningún punto de vista el objetivo de la persecución penal. Al revés, la existencia de observatorios y políticas públicas que se ocupen del análisis de los procesos de información y su veracidad se plantea como alternativa a la penalización de la libertad de expresión, para evitar que se persiga judicialmente a quienes pueden mentir, y aunque lo hagan. Son políticas que pretenden mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática.