Luego de que el Gobierno levantara el decreto que prohibía la exportación de chatarra (el cual se renovaba desde 2009 y le daba ventajas competitivas a la producción siderúrgica nacional), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida. El funcionario manifestó que “ayuda a un sector que se había visto enormemente perjudicado hasta el momento”.
Por este motivo, publicó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), en donde señaló: “El presidente ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, comenzó.
En esa misma línea, señaló que el decreto del 2009 era nocivo por varios motivos: “Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, aseguró.
Sturzenegger precisó que la norma previa beneficiaba únicamente a procesadores de chatarra, pero perjudicaba a quienes la producían, lo cual generaba pérdidas de negocios de valorización de residuos: “Se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”.
El mensaje, que fue cerrado con el clásico gesto del Gobierno libertario (VLLC!), incrementó las tensiones con determinados sectores que no están a favor de la medida. Tal es el caso de Paolo Rocca, jefe del grupo Techint, quien se vio claramente perjudicado por la nueva normativa.
Y es que las declaraciones públicas del ministro de Milei contra la siderúrgica no cayeron bien en las oficinas de Rocca.
De manera contraria al plan anti inflacionario del Gobierno de Milei, la liberación de la exportación de chatarra provocará un aumento de los precios del insumo, debido a que esos desperdicios ya son escasos para la demanda interna. “Si se exporta, habrá menos oferta y se deberá, incluso, importar desde otros países”, alertaron fuentes del sector, consultadas por este medio.
El presidente @JMilei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 1, 2025