El debate fue intenso. No hubo término medio. Por un lado, el oficialismo defendió la iniciativa, y, por el otro, la oposición se dedicó a criticar el proyecto.
El jefe del interbloque de Vamos Juntos, Francisco Quintana, opinó sobre lo aprobado y dijo: “La convocatoria a licitación internacional garantiza que la futura operadora del servicio tenga experiencia y solvencia para la tarea”.
Y agregó: “El concesionario deberá acreditar experiencia específica en este tipo de operaciones y garantizar la continuidad de las fuentes laborales”.
Para finalizar, Quintana dijo: “El Gobierno de la Ciudad está llevando adelante una verdadera transformación en el transporte público. El objetivo es dotar a la Ciudad de Buenos Aires de medios de transporte que tengan estándares de calidad internacionales para ofrecer a los vecinos un servicio seguro y confiable”.
Por su parte, el legislador Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló: “Esta es una oportunidad para pensar otro modelo de concesión para un servicio público y de transporte esencial como es el subte. Un modelo de concesión diferente al de los años 90. El proyecto que hoy debatimos propone la operación diaria del servicio y el mantenimiento regular y que eso pueda darse a través de una licitación pública nacional e internacional que deberá demostrar en términos de precio, calidad y antecedentes quién es el mejor para cubrir las necesidades que estamos estableciendo en este despacho”.
Ferraro insistió en lograr una alianza estratégica entre los sectores público y privado que permita mejorar la calidad del servicio. “El objetivo es que la concesión del subte sea por operación y mantenimiento y el Estado continúa con las obras de infraestructura, nuevas estaciones y compra de vagones”, y destacó que “el llamado a licitación pública nacional e internacional abre la puerta para que empresas internacionales de subte oferten y compitan”.
Además, manifestó: “Coincidimos en que el subte es un transporte público, prioritario y esencial para el desarrollo de nuestra ciudad y también coincidimos en que todavía falta y no desconocemos las cosas que aún están pendientes y faltan mejorar en calidad del servicio de millones de usuarios”. Y agregó: “Pero para ser justos no podemos dejar de reconocer que desde que esta Legislatura aceptó la transferencias por parte del Estado nacional, algunas cuestiones cambiaron para mejor en le red de subterráneos”.
El bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la Legislatura votó en contra del proyecto. Los legisladores sostuvieron que la movilidad es un derecho y debe estar garantizado por el Estado, no librada a los criterios del mercado.
Según el FpV, al extender el contrato de Metrovías el proyecto del oficialismo está forzando la ley de emergencia del subte, la cual ya lleva cinco años. Por otra parte, el llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década.
El legislador Javier Andrade criticó la calidad del servicio: “En la Línea E viajamos como sardinas, hay que dejar pasar dos o tres formaciones para poder subirse y es peor aún para las mujeres. El ruido es tan invasivo que no se puede ni mantener una conversación”.
En ese sentido, Andrade señaló que “el Gobierno de la Ciudad se endeudó en U$S 1.200 millones para hacer obras pero no se ven mejoras en el servicio. Al asumir Macri, en 2007, prometió construir 10 km por año y construyó un promedio de un kilómetro por año”. Y concluyó: “Estamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar el servicio del subte. No pretendemos ser revolucionarios, solo estatizar el servicio, como sucede en San Pablo, París o Nueva York”.
Por su parte, la legisladora Paula Penacca sostuvo que “el gobierno de Rodríguez Larreta insiste con la reprivatización del subte a pesar de los pésimos resultados en términos de calidad del servicio que se obtuvieron hasta ahora bajo el manejo de Metrovías”.
En cuanto al canon que cobrará la empresa, recordó que “el Estado aportó solo en 2016 $7 mil millones, sin garantizar ninguna mejora del servicio. No hubo ninguna exigencia para la empresa, ningún control sobre su funcionamiento, pero obtuvo millones de ganancias”.
Otro legislador que criticó el proyecto fue Gabriel Fuks, de la Corriente Nacional de la Militancia (CNM). “Estamos ante un debate perdido porque creo que el despacho que hoy votamos busca traer algún gestor estatal de afuera que gestione salvajemente de forma privada nuestro subte, como pasó en Aerolíneas Argentinas”, remarcó Fuks. Y agregó “Este despacho tiene demasiadas inconsistencia, ahora se trata de preponderar la utilización del subte, mientras en los últimos años se lo menoscabó en función de otras herramientas, como el metrobús”.
“Desde la oposición tratamos de generar un debate serio alrededor de este tema, pero se nos puso mucho palo en la rueda, y las respuestas nunca fueron consistentes”, concluyó el diputado.
Por su parte, el legislador Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico (PSA), advirtió: “No veo cuál es el negocio para la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros hacemos toda la inversión, ponemos la infraestructura y además le pagamos a una empresa privada para que opere el servicio”.
“Algunos nos han planteado que queríamos estatizar el transporte subterráneo. Quiero aclarar que los subtes pertenecen a la Ciudad; en consecuencia, lo que está planteando el oficialismo es simplemente la operación y el mantenimiento del servicio, el resto lo va a seguir haciendo nuestra empresa estatal, Sbase”, explicó el diputado del PSA, y agregó: “Es decir, toda la inversión en los nuevos túneles, en los nuevos coches y todas las mejoras que se hagan las vamos a hacer nosotros y, además, le vamos a pagar a una empresa por el servicio de ‘operación y mantenimiento’ del subte”.
“Lo que no está claro es cuánto le va a costar a la Ciudad este gerenciamiento; como tampoco quién se va a hacer cargo del mantenimiento de las estaciones, de los sistemas de elevación y de las escaleras mecánicas que hoy funcionan de manera desastrosa y son un verdadero calvario para las personas con movilidad reducida. ¿De eso también nos vamos a hacer cargo nosotros o le va a corresponder a la empresa?”, finalizó.
Para finalizar, el legislador Marcelo Ramal, del FIT, señaló: “El Gobierno defiende una gestión donde el Estado coloca todos los recursos públicos de la Ciudad, no solo la infraestructura del subte sino también subsidios, para asegurar los beneficios de Metrovías”.
“Mientras tanto, el servicio se deteriora y lo mismo ocurre con las condiciones laborales, que han llevado a cinco muertes de trabajadores en los últimos años. Solo los trabajadores y sus delegados han denunciado este deterioro, lo cual se relaciona con el carácter de nuestro proyecto. A diferencia de los proyectos estatistas de la oposición, que defienden la gestión de un Estado que asegura la exacción cotidiana de trabajadores y vecinos a manos del capital, nuestro proyecto tiene otro carácter: defendemos la gestión obrera del subte, como señal de una reorganización social general bajo la dirección de los trabajadores”, concluyó.
