Algunas definiciones son tan certeras que producen en quienes las escuchan un aturdimiento parecido al chiflido de un balazo que pasa muy cerca. “En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, se necesita también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio, encontramos solo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico”, sintetizó con elegante exactitud Ryszard Kapuscinski, el maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, cuyo fundador fue Gabriel García Márquez. Y la honestidad de esa frase no solo debería ser tenida en cuenta por quienes se definen como periodistas en la actualidad, sino que también sirve para explicar el prolongado y cada vez más complicado conflicto del traspaso de la red de subterráneos a la órbita de la Ciudad.
La implicancia de intereses encontrados, como son los de la Ciudad, los de la Nación, los de la empresa concesionaria y los de los dos gremios enfrentados, dibuja un mapa intrincado, en el que las posiciones no son tan claras como sus protagonistas afirman en los medios.
El subte cuenta con 3.000 trabajadores, 1.800 de ellos están afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (Agtsyp), los denominados metrodelegados, quienes en 2009 fundaron un gremio autónomo de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), sindicato que es reconocido por el Ministerio de Trabajo como el gremio que representa a los empleados del subterráneo, algo que, como demuestran las cifras, en los hechos no ocurre. La feroz interna que mantienen ambos gremios es crucial para entender el conflicto.
La UTA, que lidera Roberto Fernández, tiene buena relación con Metrovías y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Es un gremio más conciliador, que negocia con el Grupo Roggio, poseedor de la mayoría del paquete accionario de la concesionaria. Ante la empresa y Macri se venden como los únicos capaces de enfrentar y frenar a los metrodelegados.
Por su parte, estos últimos, tienen una postura combativa frente a Metrovías y defienden sus reclamos hasta el final. Su poder se basa en que los trabajadores del subte están con ellos y esa es su mejor arma. De ellos depende que el servicio funcione o no. Y entonces, por más que la UTA negocie y se comprometa ante sus interlocutores a no poner trabas, la gente está con la Agtsyp, quienes en medio de la pelea entre los K y los Pro por quien debía hacerse cargo del servicio tuvieron un acercamiento con el oficialismo, hasta fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fueron utilizados como arma de presión contra el macrismo para que este se viera obligado a hacerse cargo del subte.
Ante este panorama, Macri ya decidió con quién va a jugar. Y lo hizo con hechos concretos. Durante la última paritaria del sector, el Jefe de Gobierno porteño incluyó la denominada “cuota solidaria”, un descuento compulsivo de los sueldos de los 3.000 trabajadores del subte del uno por ciento, que está destinado a las arcas de la Unión Tranviaria Automotor. Esto significaría una cifra de 24 millones de pesos anuales, que en su mayoría saldría de los bolsillos de los afiliados a la Agtsyp, que irán a parar a la caja del gremio enemigo. Esto provocó la ira de los damnificados, quienes ante la acción macrista tomaron conciencia de que con la Ciudad administrando los subterráneos el Pro será un nuevo enemigo.
Por eso, durante los paros rotativos que los metrodelegados realizaron hace dos semanas, los trabajadores expresaron a través de un comunicado: “Existe un vasto operativo político en el que participan tanto el gobierno de Macri como el Gobierno nacional. El primero firmando un convenio con la UTA a espaldas de los trabajadores, con descuentos de dinero y un aporte obligatorio para no afiliados para la caja de la UTA. Y enviando un proyecto legislativo de traspaso que destruye las conquistas de los trabajadores de los últimos 18 años –incluyendo el derecho de huelga y la jornada de seis horas–. El Gobierno nacional, por dejar correr todo esto, siendo el actual responsable del subte, es el que regula y homologa los convenios y el que mantiene a la UTA en el subte. Es el Gobierno nacional quien traspasa el subte a Macri para que aplique el ajuste”.
A las dificultades del frente sindical se deben sumar las puramente políticas, ya que la situación legislativa que se le presenta al Pro para lograr la aprobación del traspaso se complica día tras día. Francisco “Tito” Nenna, legislador del Frente para la Victoria, anticipó el rechazo de su interbloque K al proyecto de ley oficialista de traspaso del subte que el jueves se discutirá en la Legislatura porteña. Desde el bloque K se anunció que no acompañarán la iniciativa tal como la plantea el macrismo y presentarán una propia. “Lo que estamos planteando es el rechazo al proyecto de ley, que más que una ley es un intento del Poder Ejecutivo para tener poderes especiales para el subterráneo”, aseguró Nenna.
Las declaraciones de todos los implicados en la cuestión del traspaso no dejan lugar para el optimismo.
