El Ejecutivo de Javier Milei otorgó el jueves a once entidades bancarias la oportunidad de ofrecer el servicio de apertura, administración y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para trabajadores del sector público, un avance fundamental en la meta oficial de eliminar el monopolio que ejercía el Banco de la Nación Argentina (BNA).
La inauguración de este negocio es parte de la estrategia para que las entidades estatales no se vean obligadas a contratar los servicios de BNA, Nación Seguros -una norma de Alberto Fernández que provocó un escándalo de corrupción- y YPF. En este contexto, se emitieron los decretos 70/2023 y 747/24, promovidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger.
La Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete, que fue publicada en el Boletín Oficial, hizo oficial la adjudicación del “servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito” de cuentas sueldos por un período de tres años, con la posibilidad de una prórroga de un año adicional.
Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional que así lo requieran podrán utilizar, además del BNA, los nuevos proveedores seleccionados:
- Credicoop
- Patagonia
- Santander
- ICBC
- Galicia
- BBVA
- Macro
- Supervielle
La Decisión Administrativa también desestimó las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank.
“Que, en virtud de ello, corresponde instruir a las referidas jurisdicciones y entidades a que confeccionen los términos de referencia, tomando en consideración los parámetros contemplados en el Pliego para la elaboración del plan de trabajo y, evaluarlos priorizando sobre los servicios básicos ya comprendidos los mayores beneficios que puedan obtenerse para el personal estatal, entre los que deberá considerarse especialmente, por su conveniencia, el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales”, añade la norma.
El decreto 70/2023 establecía que las compañías en las que el Estado Nacional tenga participación accionaria perderían cualquier prerrogativa de derecho público. Asimismo, no se permitiría que el Estado otorgara ventajas en la contratación o en la adquisición de bienes y servicios, ni que priorizara o concediera beneficios de ninguna índole en las relaciones jurídicas en las que participe.
Posteriormente, con la emisión del decreto 747/2024, se eliminó en agosto pasado la obligación de realizar el pago de salarios al personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración pública a través del Banco Nación, así como la necesidad de cancelar todos los contratos vigentes con el BNA en un plazo de un año.
“El Decreto 747/24 firmado por el presidente Milei deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, a su vez, servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados”, planteó Sturzzeneger en agosto del año pasado.
A su vez, calificó de “nefasta” la medida que impulsó Fernández durante su presidencia, porque “obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros”, y detalló una serie de irregularidades que, hoy, son materia de investigación judicial.
“Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un “broker” para que logre una contratación que era obligatoria por ley. El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA. El Decreto 1187/12 que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado, y el Decreto 1189/12 que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos. Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, justificó.