La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland ordenó al Gobierno que suspenda el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual dispuso la transferencia a las provincias del 15 por ciento de los fondos de coparticipación, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue tomada a partir de una medida cautelar interina que solicitó la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República.
“El DNU cuestionado no explica las únicas y excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado, lo que prima facie, contrasta con lo prescripto por los arts. 109, 99 y 75 de la Constitución Nacional”, sostuvo la jueza Heiland.
Para la magistrada “la sola emisión y publicación del DNU, podría consolidar efectos jurídicos de por sí. Es que, aún en el supuesto de su posterior rechazo por el Honorable Congreso de la Nación quedarían ´… a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia´”.
Así, Heiland dictó una medida cautelar interina por la cual le ordenó al Gobierno que “suspenda la ejecución del DNU 2635/15”. También le solicitó que en cinco días presente un informe contestando la demanda.
La entidad que inició la causa objetó que el decreto 2635/15 podría llegar a desfinanciar a la ANSES y poner el riesgo la movilidad de los haberes de los jubilados, la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares.
La Corte Suprema falló hace dos semanas a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe en los juicios que las provincias le iniciaron al Estado Nacional para que le devuelvan lo retenido por la coparticipación.
Tras ese fallo, el Gobierno, con la firma de la presidente Cristina Kirchner y todo el Gabinete Nacional, dictó el decreto 2635 por el cual hizo extensivo a todas las provincias la devolución de la coparticipación.
