La orden de desalojo de un edificio ubicado en Pavón al 4.100, en el que viven 37 familias, pautada para este viernes, fue suspendida por 90 días. Vecinos y organizaciones sociales resistieron y consiguieron, además, un compromiso del Instituto de la Vivienda porteño para otorgarles créditos para que puedan adquirir otro inmueble donde residir.
“Estamos muy felices con la suspensión. Cuando hace un año recibimos la orden de desalojo nosotros conformamos una cooperativa y buscamos inmuebles para comprar. Lo que necesitamos son los créditos”, afirmó a Luis Roldán, delegado del edificio.
Las familias ocuparon el edificio hace 26 años; en 2013 la empresa Pavón Plaza compró la propiedad para un proyecto inmobiliario e iniciaron una causa en la justicia para desalojar a las familias; hoy residen en el lugar alrededor de 70 niños y niñas.
En marzo del año pasado, las familias, junto a vecinos y organizaciones sociales que los acompañan, evitaron el desalojo dando paso a una mesa de diálogo, a la vez que comenzaron un proceso de organización interna que derivó en la creación de la Cooperativa de Vivienda El Surco.
“Durante este año trabajamos muy duro. Nos organizamos, tomamos decisiones en asambleas y conformamos la cooperativa. Buscamos las propiedades posibles a comprar, pedimos formalmente los créditos y nos otorgaron seis, cuatro ya están pre-acordados pero no llamaron a los compañeros para firmar y hace unos días no volvieron a informar que nos iban a desalojar”, detalló Luis.
El 31 de marzo en la puerta del edificio se realizó un Festival de apoyo y anoche, organizaciones y vecinos ocuparon la calle para evitar el desalojo junto a los habitantes de la casa.
“Nosotros exigimos una solución definitiva que no es un subsidio habitacional de 1800 pesos como los que otorga la Ciudad, porque sabemos que nadie puede ir a alquilar ni siquiera una habitación en un hotel con ese dinero. Nuestra exigencia es que IVC otorgue los créditos que se había comprometido a dar hace un año”, afirmó por su parte Marcos Fernández, miembro de la organización Seamos Libres, que apoya a los vecinos del edificio.
Fernández detalló que “la propiedad que queremos comprar se encuentra en Carlos Calvo y Dean Funes, es un hotel que hay que acondicionar para que se puedan mudar las familias, pero es perfectamente posible si nos otorgan los créditos”.
La negociación que derivó en la suspensión por 90 días del desalojo por parte del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°46, Fernando Christello, contó con la participación de muchos actores, además de las dos partes interesadas, y se extendió por más de cuatro horas.
“Estamos dando un primer paso para una solución definitiva y lo que hemos acordado es suspender por 90 días el desalojo supeditado al acuerdo que estamos firmando”, informó tras el acuerdo a Federico Mallea, responsable de la Gerencia de Coordinación Legal y Técnica del IVC.
Y añadió que “tras la firma tendremos que juntarnos para ver cómo se puede instrumentar la solución pero en principio la línea sería a través del otorgamiento de créditos”.
Consultado acerca de lo que dicen los vecinos de que tenían ya préstamos pre acordados, Mallea señaló que “tenemos que chequear con las áreas técnicas del instituto para ver si esto es así, y de estar todo en condiciones avanzaríamos con esos créditos”.
Presente también en la negociación del acuerdo, el legislador porteño José Cruz Campagnoli, sostuvo que “el acuerdo logrado permite que no haya un desalojo este viernes, pero además abre la puerta a una solución definitiva para que no tengamos que estar dentro de 90 días en la misma situación.
“Si el IVC cumple y otorga los créditos, en tres meses deberíamos tener a las familias mudadas sin inconvenientes”, manifestó.
