El desalojo del hotel de Constitución previsto para hoy, en el que viven 20 familias, finalmente se suspendió por 180 días luego de que las partes suscribieran un acuerdo a través del cual el Instituto de la Vivienda se compromete a resolver en ese plazo la situación habitacional de los inquilinos.
No obstante, aunque los inquilinos quisieron continuar el vínculo contractual directamente con la propietaria, esta quiso disponer del inmueble.
Para hoy, luego de dos intentos de desalojo frenados a instancias de la Defensoría de Menores, el Juzgado Nacional en lo Civil 34 había dispuesto una nueva orden a hacerse efectiva a las 8 de la mañana. “Estaba previsto el desalojo del lugar, en el que habitaban más de 20 familias, entre ellos 17 menores y tres discapacitados. Por suerte, se pudo llegar a un acuerdo comprometiendo al Gobierno de la Ciudad a que dé una solución habitacional definitiva a estas familias”, indicó Pablo Vicente, miembro del movimiento de profesionales por los pueblos de Patria Grande. “En el acuerdo –agregó– la solución quedó abierta a lo que disponga el IVC, aunque seguramente será un crédito accesible a la posibilidad económica de cada familia”.
Desde ayer, luego de que se realizara un festival para visibilizar la problemática e informar a los vecinos la situación, representantes de diferentes organizaciones políticas y sociales iniciaron una vigilia que se extendió hasta las 10.30 de la mañana de hoy.
Carlos Ramírez, abogado de la dueña del hotel, indicó que “la situación para llevar adelante el desalojo era complicada: la gente estaba decidida a no irse y la policía estaba decidida a actuar”. “Nosotros –abundó– no estábamos de acuerdo con que hubiera violencia, por los chicos y también por los grandes, así que acordamos dejarlos quedarse por un plazo máximo de 180 días para que el IVC resuelva cómo ayudar a estas familias”.
Por último, el legislador porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV), quien formó parte de la negociación que se realizó en plena calle, destacó que “hay un problema estructural en la Ciudad de Buenos Aires por la falta de vivienda”. “Existe una falta de presupuesto histórica para este problema. Hay 350 mil personas que no tienen dónde vivir en la ciudad más rica de la Argentina, y este tipo de soluciones son parches porque no hay una política de vivienda distinta”, agregó.
