La Justicia se pronunció en contra de la ley de medios porteña

La Justicia se pronunció en contra de la ley de medios porteña

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo decretó dar de baja varios de los artículos de la normativa, sancionada en 2013 e impulsada por el Gobierno porteño.


Varios artículos de la Ley de Medios Audiovisuales de la Ciudad fueron suspendidos por decisión de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. La normativa fue sancionada el año pasado a instancias del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

El tribunal que otorgó una medida cautelar, integrado por los camaristas Guillermo Treacy, Jorge Federico Alemany y Pablo Gallegos Fedriani consideró que 19 de los artículos incluidos en la ley porteña impedían la aplicación de la ley de medios nacional, número 26.522, que fue sancionada por el Congreso nacional.

Pese a que la jueza de primera instancia Liliana Heiland había rechazado el planteo que había hecho la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), que preside Martín Sabbatella, la Sala V del tribunal revocó esa decisión.

La ley porteña de medios, aprobada hace casi un año, se originó en un decreto de necesidad y urgencia redactado por Mauricio Macri, en medio de fuertes rumores de una inminente intervención del Gobierno al Grupo Clarín. En julio, la Afsca pidió que se la declarara inconstitucional y que, mientras tanto, se suspendiera su aplicación, una medida a la que el tribunal federal hizo lugar.

La medida cautelar argumenta que “se advierte que prima facie las disposiciones contenidas en la ley de la Ciudad de Buenos Aires interfieren con el ejercicio de las atribuciones conferidas a la autoridad federal por la ley Nº 26.522 en cuanto a los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina”.

Sergio Zurano, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Afsca se mostró conforme con la decisión de la Cámara: “Esa ley (del Pro) pareciera que protege más los interés de algún particular radicado en la ciudad que de la totalidad de la ciudadanía. Prohíbe fiscalizar a la Afsca que no haya interferencias en la seguridad aeroportuaria”. En cambio, el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, analiza apelar ante la Corte nacional, informa La Nación.

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