Según el ministro, en la audiencia se informará “el estado de situación y el aumento implementado que tiene que ver con la generación de energía eléctrica y el precio de gas en pozo”, especificó.
Y agregó: “Estamos redactando una resolución, y viéndola dentro del marco de la ley de acceso a la información pública para detallar cuál es el sistema que hemos heredado, cuál es el impacto de las medidas que hemos tomado y qué nivel de gradualismo hemos impartido esas medidas”.
Si bien el Gobierno accedió a realizar una audiencia informativa, Aranguren dijo que para la generación de energía eléctrica y la producción de gas, “está en cabeza del Estado Nacional decidir las tarifas”, mientras que la audiencia pública está pensada para la tarifa de transporte y distribución.
Además, especificó: “En este momento el que está en situación difícil es el sistema de abastecimiento tanto de electricidad como de gas. La consecuencia de toda esta incertidumbre es que tenemos una seria dificultad para tener un sistema energético acorde a la demanda que tenemos, tanto en cantidad como en calidad”.
En cuanto a la percepción de los aumentos de tarifas, Araguren argumentó que “la gente pagó y aceptó la tarifa, pero el argumento se usó políticamente”.
En esta línea citó como ejemplo los meses mayo-junio, donde reveló que nueve de cada diez usuarios residenciales recibieron facturas de gas inferiores a los 500 pesos, y el 80 por ciento pagó. De hecho, comparó: “La suscripción básica de televisión por cable es de $540, y el 74% de la población del Gran Buenos Aires la tiene”.
“Desde el punto de vista legal, es correcto lo que hicimos. Desde el punto de vista político, me tengo que atener a las consecuencias y ver que la realidad indica que se ha utilizado el argumento para influir sobre la capacidad del Gobierno de decidir sobre la política monetaria”, adujo Aranguren en diálogo en el programa Lanata Sin Filtro, en radio Mitre.
En el caso de un fallo contrario del tribunal superior, retrotraer el sistema tarifario -antes de los aumentos dispuestos en febrero- tendría un costo fiscal de $22.000 millones.