El Ministerio de Justicia inició el año 2025 con gran agitación. Tras la abrupta salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF) debido a una gestión cuestionada y a gastos personales que contradecían la política gubernamental, se ha desatado un nuevo conflicto con la Procuración del Tesoro, liderada por el experimentado jurista Rodolfo Barra.
De manera comparable a lo sucedido con Yacobucci en la UIF, el Gobierno identificó que el exjuez de la Corte Suprema en tiempos del menemismo, Rodolfo Barra, elaboró un dictamen que no protegió los intereses del Estado en un aspecto crucial para la agenda libertaria: la reestructuración de la administración pública.
Para comprender a fondo el caso, es necesario retroceder en el tiempo hasta una obsesión que dominó a la Casa Rosada a lo largo de todo el 2024: los Registros del Automotor.
Durante décadas, los Registros del Automotor han operado en colaboración con una entidad privada: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta organización tenía en su nómina a 2.500 empleados dedicados a prestar servicios al Ministerio de Justicia y se ocupaba de gestionar el pago de incentivos, un complemento que se añadía al salario base.
Por medio de estos adicionales, un director del área encabezada por Cúneo Libarona podía llegar a percibir hasta el doble del salario de un director en cualquier otro Ministerio.
El 31 de diciembre, el Gobierno decidió terminar el acuerdo con ACARA, lo que resultó en el despido de la mayoría de los empleados. No obstante, algunos fueron incorporados a la administración pública bajo contrato, conforme a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), pero no como parte de la planta permanente.
El acuerdo contemplaba mantenerles el sueldo, eliminando el incentivo, de modo que el salario representaría entre el 80% y el 90% de lo que ganaban anteriormente con ACARA. Esta condición fue aceptada por cada trabajador y ratificada en el ámbito laboral mediante un artículo que estipulaba que, al aceptar estas condiciones, renunciaban a futuras reclamaciones.
No obstante, una agente identificada como A.T. presentó una solicitud para cuestionar la decisión del Ministerio de Justicia de retirarle el incentivo. Dado que se trata de un litigio contra la administración pública, al comenzar el proceso legal, el equipo de Cúneo Libarona solicitó a la Procuración del Tesoro, encargada de representar al Estado, que emitiera una opinión sobre este caso, que eventualmente podría llegar a la justicia laboral. Es aquí donde, según el Gobierno, se inician las fallas imperdonables de Rodolfo Barra.
El exministro de Justicia promovió un dictamen que beneficia a la demandante y se opone a los intereses gubernamentales. Su razonamiento fue que el incentivo otorgado a A.T. tenía naturaleza remunerativa, por lo que el reclamo era válido y podría exigir su restitución. Según el documento, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no comprometer la legalidad del contrato de su empleada. Aunque el dictamen no es vinculante, en la Casa Rosada culpan a Barra por facilitar al fuero laboral la posibilidad de fallar a favor de A.T.
Sin embargo, el descontento no termina ahí. Hay un detalle que no escapó a la atención de Javier y Karina Milei, quienes están al tanto de la situación. Rodolfo Barra no firmó el dictamen, sino que delegó la firma a su subordinado, Marcos Serrano. Al comunicarse con el Procurador para reclamarle por el documento, él intentó desvincularse y culpó a Serrano. Este argumento provocó indignación por dos razones: una evidente muestra de deslealtad hacia su propio equipo y una subestimación de sus interlocutores, quienes dan por sentado que una resolución de tal magnitud debe ser autorizada por la máxima autoridad de la Procuración.
Más allá de la falla administrativa de Barra, la política también juega su papel tanto en las causas como en las consecuencias. Para Milei y su círculo cercano no hay vuelta atrás y esperan que el Procurador presente su renuncia. No tienen intención de desplazarlo, como sucedió con Yacobucci, pero consideran que el funcionario ya no es parte del Gobierno. Les resulta incomprensible que el abogado del Estado actúe en contra del Estado.
Una de las teorías que se evalúan en el Ejecutivo sugiere que Barra evitó enviar un mensaje interno que podría convertirse en críticas de su equipo, dado que en la Procuración existirían más de estos reclamos. A.T., de hecho, trabaja para esa entidad que está bajo el Ministerio de Justicia.
Por el momento, las repercusiones no afectarán a Cúneo Libarona, el ministro del que depende todo. En el Gobierno confían en que está desempeñando bien su labor y solo le reprochan que, al igual que con Yacobucci, había sido advertido sobre ciertos comportamientos de Barra. Ahora, el futuro del Procurador es incierto. Sin embargo, en Balcarce 50 esperan que ofrezca su renuncia.