En particular, el Gobierno imputa a la jueza los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, fundamentándose en la decisión de la magistrada que ordenó la liberación de 114 detenidos sin realizar un análisis apropiado de las evidencias ni de los antecedentes penales de los involucrados.
El Ministerio de Seguridad sostiene que la jueza actuó de forma arbitraria, interfiriendo inapropiadamente en un proceso de flagrancia, que es de competencia exclusiva de la Fiscalía.
En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la acusación.
Además, la jueza también permitió la intervención de defensores no designados en el proceso, lo que constituye una clara violación de las normas procesales, dado que, de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los defensores oficiales solo deben participar cuando sean específicamente designados.
Entre los arrestados que fueron puestos en libertad se encontraban individuos con antecedentes relacionados con delitos como lesiones, tráfico de drogas, posesión de armas y robo, lo que complica aún más la actuación de la juez del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La denuncia detalla que la jueza no revisó las evidencias ni los antecedentes de los detenidos antes de ordenar su liberación, lo que infringe la normativa actual. El caso ha sido asignado al Juzgado Federal N° 1 bajo la jurisdicción de la magistrada María Servini.
El Ministerio también indica que, al revisar la situación, la jueza no cumplió con el procedimiento de flagrancia que estipula que el Fiscal tiene la responsabilidad principal de evaluar la detención.
En su resolución, Andrade defendió su actuación aludiendo a la falta de espacio en los centros de detención, un argumento que fue desmentido posteriormente, ya que habían plazas disponibles en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal. Además, en sus declaraciones radiales, destacó: “No fue una decisión impulsiva, sino que se priorizó el derecho a manifestarse”. En la misma entrevista, admitió que no revisó los antecedentes penales de los sospechosos, ya que, en esa etapa, solo era pertinente comprobar si había algún pedido de captura vigente.
La denuncia presentada por el gobierno nacional también indica que la decisión de Andrade de liberar a los detenidos no solo carecía de fundamento legal, sino que podría haber facilitado el encubrimiento de los delitos ocurridos durante los disturbios. La jueza no solo minimizó la gravedad de los hechos, sino que su intervención permitió que los acusados evadieran la acción de la Justicia. El Ministerio de Seguridad ha solicitado el inicio de un sumario penal por los delitos denunciados y la recolección de las pruebas pertinentes, incluyendo la documentación audiovisual de los eventos sucedidos en la Plaza de los Dos Congresos el 12 de marzo de 2025. Este caso sigue siendo objeto de investigación, dado que los disturbios resultaron en más de una docena de policías heridos y causaron daños materiales significativos en el espacio público.
Además, la denuncia incluye el requerimiento de que el fuero federal se encargue de los hechos, ya que involucran delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, situaciones que afectan directamente el orden democrático y constitucional del país.
