A través de la plataforma change.org, la actriz Thelma Fardín pide que se firme la petición para declarar la emergencia nacional de violencia de género. Thelma tuvo relevancia mediática el último tiempo por la denuncia por violación contra el actor Juan Darthés, con quien mantiene una disputa judicial en Nicaragua.
La propuesta es que se implemente desde marzo del 2019 hasta marzo del 2021 y que incorpore las siguientes propuestas, así como monitoreo de su implementación y evaluación de resultados:
- Aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al INAM
- Definir que un 10 % del Presupuesto de cada Ministerio se destinen a políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes. (PIOD)
- Monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género. Impulso de Protocolos provinciales en el mismo sentido.
- Aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y a agresores que incumplen medidas judiciales
- Asignación para Víctimas de Violencia (AVV). Becas. Rentas para alquiler
- Creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género
- Implementación del Patrocinio Jurídico Gratuito
- Aportes a las provincias para creación y fortalecimiento de Áreas de una Políticas de género. Así como en Organizaciones de la Sociedad Civil: sindicatos, vecinales, clubes, espacios culturales, etc.
- Incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población, entre otros. (Observatorio)
- Implementación federal del Programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida.
- Implementación real y efectiva de Educación Sexual Integral en los distintos niveles educativos.
- Creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional.
- Urgente implementación de la “ley Micaela ” de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad.