La tragedia de Time Warp marcó un antes y un después en la ciudad de Buenos Aires. La muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas en una fiesta electrónica en abril de 2016, en el predio de Costa Salguero, sacudió los cimientos de la política porteña.
Sin embargo, la causa se fue empantanando. Este martes, se conoció la noticia de que la Cámara Federal apartó a Sebastián Casanello, juez de la causa Time Warp, por no hacer lugar a una serie de pruebas que pidieron los abogados de los acusados Víctor Stinfale y Walter Santángelo.
La decisión la adoptó la Sala II de la Cámara Federal al declarar la nulidad por falta de fundamentación de una resolución dictada por el magistrado, en la que no hizo lugar a medidas de prueba solicitadas por la defensa de los acusados.
Tras el desplazamiento de Delgado, el juez Casanello siguió adelante con la investigación mediante la intervención del fiscal Ramiro González. Las defensas de Stinfale y Santángelo solicitaron en ese entonces una serie de pruebas de descargo, de las cuales Casanello hizo lugar a algunas pero no a todas.
Stinfale fue detenido en mayo de 2016 por pedido del fiscal Delgado, que lo acusó de ser el organizador principal de la fiesta Time Warp a través de la empresa “Energy Group”, manejada por terceras personas.
A principios de julio del año pasado la Cámara Federal ordenó excarcelar a Stinfale.
En los fundamentos para apartar al juez de la causa, la Cámara Federal consideró que Casanello no hizo lugar a parte de la prueba, ni justificó por qué la descartó, por lo que apartó al magistrado del expediente haciendo lugar a la apelación de la defensa.
Los camaristas fundamentaron su decisión de apartar a Casanello y sortear a otro juez para que se haga cargo del expediente en el hecho de que “no es la primera vez que se verifica esta situación en la causa” y había resoluciones anteriores “semejantes a la que se analiza”.
“En consecuencia, corresponderá ya al nuevo juez interviniente emitir un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión”, agregaron.
Casanello había procesado también como “partícipes necesarios” de la venta de estupefacientes y abandono de persona seguido de muerte a cinco funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de la habilitación del lugar, y a 26 agentes de Prefectura Naval Argentina contratados para hacer tareas adicionales en la fiesta.