La causa que investiga las responsabilidades políticas por la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda el 26 de abril de 2012 beneficio a ocho funcionarios del Gobierno porteño, empezando por el jefe de Gobierno.
La decisión adoptada por el juez nacional de instrucción en lo criminal Jorge Adolfo López, también implica a la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal; y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, junto con los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y subjefe de la Metro, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, por considerar que “no existen elementos mínimos objetivos ciertos concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio“, publica Tiempo Argentino.
En declaraciones radiales, Vidal fue consultada sobre esta situación y afirmó: “No pensamos que íbamos a tener mayor dificultad. Fue un conflicto subestimado y aprendimos a evaluar mejor los conflictos.”
“No va a haber nuevos cambios hasta que la justicia se expida”, precisó.
Respecto a los hechos de violencia que se desataron el año pasado, el operativo contó con más de 200 efectivos que ingresaron de noche al instituto para desalojar a los trabajadores, médicos y pacientes que habían realizado una toma pacífica de las instalaciones del Taller Protegido Nº 19 para evitar su demolición. De acuerdo con las denuncias que están en el expediente, contaron con la coordinación de la propia Vidal, e implicaron un despliegue represivo de cuatro horas dentro del Borda, con disparos de balas de goma, aplicación de gas pimienta y la detención de una treintena de profesionales, pacientes y periodistas.
Con firma del titular del juzgado nacional de instrucción 30, la disposición tiene 76 páginas, y cierra la primera parte del expediente que nació durante la tarde de ese 26 de abril, con las denuncias de una decena de legisladores, funcionarios, asesores tutelares y defensores de oficio que accionaron contra los ocho funcionarios por los delitos de “torturas y apremios ilegales”, castigados por el artículo 144 del Código Penal, presuntamente cometidos contra 32 personas, entre ellos, seis pacientes del neuropsiquiátrico.
EL DERROTERO DE LA CAUSA:
La primera respuesta del magistrado fue desestimar las imputaciones y caratuló la causa contra los acusados como averiguación de “presunto abuso de autoridad, lesiones leves contra 32 damnificados y lesiones graves contra uno”. Durante el procedimiento, el juez López les tomó indagatoria a algunos de los funcionarios acusados, como los ministros Chain y Reybaud, aunque también llamó a testimoniar a los trabajadores del hospital que el Gobierno porteño quería querellar en calidad de “damnificado”. López iba a darle esa posibilidad a la Procuración porteña, pero la Sala IV de la Cámara del Crimen le negó ese recurso al Estado local porque “instauraría en la pesquisa una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores”.
Tras las declaraciones de los trabajadores que habían sido señalados por los querellantes como víctimas, el juez liberó de cargo y culpa a las principales cabezas del Gobierno porteño y de la PM, pero se concentró en el comisionado Martín Roth. Este agente corría entre la primera línea policial y los manifestantes, mientras les disparaba balas de goma arriba de la cintura y con una cercanía menor al medio metro. Fue procesado por lesiones leves y se le trabó un embargo por 5000 pesos.
