La Justicia porteña comenzó a investigar la toma de distintos colegios porteños que ocurrieron esta semana a instancias de una denuncia que presentó el Ministerio de Educación y la Procuración General.
Para eso, la Policía de la Ciudad se presentó en los domicilios de los padres de esos alumnos para notificarlos del inicio del expediente por violación al Código Contravencional.
El GCBA hizo seis denuncias. La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Presedo, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, que como primer paso dispuso que los padres sean notificados del inicio del expediente en sus domicilios. Ese trámite fue realizado por la Policía de la Ciudad.
Fuentes judiciales señalaron que la notificación surge del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que todo acusado tiene derecho a designar a un abogado.
Lo que se investiga es la violación al artículo 60 del Código Contravencional: “Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. El artículo establece que “quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos”.
La justicia también avanza con la causa contravencional. Entre otros medidas dispuso la presencia de la Policía de la ciudad en las escuelas para que informe el estado de situación de la toma, que declaren testigos y que se incorporen al expediente toda la información que puedan suministrar las autoridades de los colegios.
Repudio a las intimidaciones
Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes. Entre este miércoles y jueves saldrá un pedido de nuestro organismo convocando a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a los directivos y a los representantes de los centros de estudiantes para sentarnos a dialogar”, aseguró Muiños, quien resaltó que el intento de diálogo es “una situación difícil”.
Para el diputado nacional Leandro Santoro, el alcalde porteño “miente” y dijo que no solo “los colegios están tomados”, sino que también los hospitales “están de paro por conflicto con médicos, enfermeros y todo el personal de salud. No es una `protesta partidaria` es una política de desinversión social deliberada. Ahora, dinero para publicidad sobra”, remarcó.
La Policía de la Ciudad presentándose esta noche en las casas de los/las estudiantes que protestan por mejoras en el sistema educativo es más que preocupante. Larreta cada día más autoritario.
— Victoria Montenegro (@MontenegroViki) September 28, 2022
La diputada porteña Victoria Montenegro también manifestó anoche su preocupación en su cuenta de Twitter: “La Policía de la Ciudad presentándose esta noche en las casas de los/las estudiantes que protestan por mejoras en el sistema educativo es más que preocupante. Larreta cada día más autoritario”.
La respuesta del gobierno porteño y el protocolo para las tomas
“El Ministerio de Educación recibe un listado, como indica el protocolo lo pasa al Consejo de los Derechos y luego a la Procuración que hace la denuncia penal. No estamos involucrados en el proceso posterior”, respondieron desde la cartera que encabeza Acuña.
Dicho listado se confecciona a partir del punto 4 del protocolo “anti-toma” que resolvió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en febrero del 2018. A partir del labrado de un acta que justifique la imposibilidad de dar clases, pide a los directivos detallar “los datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo”.
Allí también se especifica que los directivos deberán documentar con fotos el estado edilicio del colegio antes y después de la toma.
“Hoy los estudiantes están reclamando que arreglemos los baños que ellos mismos destruyen. En un año de presencialidad los baños están destrozados nuevamente. Por eso estamos diciendo que hay que empezar a poner límites y decir basta. No da todo lo mismo”, dijo Soledad Acuña.
