El plan motosierra no se detiene y atropelló al menos a 15.000 empleados del Estado, a los que no se les renovó su contratación, según fuentes del propio Gobierno. La conflictividad con los gremios aumenta, la amenaza de paro nacional está a la orden del día y en los edificios gubernamentales, tales como el Conicet y los ministerios, ya es habitual la presencia de decenas de policías, que custodian sus puertas, a la espera de reprimir cualquier reclamo. El futuro no es más prometedor porque, según se adelantó, hay por lo menos 55 mil trabajadores más a punto de ser despedidos.
Si bien los números globales fueron celebrados por los votantes libertarios, detrás de cada despedido hay historias personales que quedarán afectadas, ya que fueron y serán arrojados a la pobreza, en un medio en el que la crisis económica impedirá a muchos retornar al mundo laboral por algún tiempo, al menos. Algunos, con mayores y mejores herramientas, lucharán para revertir su situación, pero otros deberán pedir comida en los merenderos, tal es la precariedad de su situación.
En diálogo con Noticias Urbanas, dos ex trabajadores del Estado y otro que trabajaba en la verificación del trabajo de cooperativas de agua, dan cuenta en su relato la incertidumbre a la que son sometidos y la sensación de desamparo que deja un Gobierno que parece sólo pensar en la eliminación del déficit fiscal que no soluciona sus males y, dicho sea de paso, aún está lejos.
En medio de una epidemia de dengue, la cual podría ser mejor controlada con políticas que impulsen la colocación de cloacas y agua potable en barrios que no los tienen, las cooperativas de Almirante Brown fueron advertidas de que el programa Agua+Trabajo – que la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) desarrolla a través de los municipios- sería discontinuado.
“Se hacían redes de agua y de cloaca”, explicó Gerardo Rodríguez, arquitecto que certificaba las obras, y detalló que hay “aproximadamente 45 cooperativas, que son contratadas por cada municipio y el programa consiste en que se ejecutan obras durante un mes y se certifica lo que se trabajó. En Aysa se vuelve a verificar y si está todo en condiciones, se manda a liquidar y aproximadamente en 30 días se deposita”.
En esa línea, enfatizó que “las cooperativas tienen 16 integrantes, 4 de abordaje territorial, que informan y tienen contacto con los vecinos, un asistente, un director y un representante de seguridad e higiene. En Almirante Brown, por ejemplo, hay 18 cooperativas”. Luego destacó que a partir de la asunción del nuevo Gobierno no se pagaron los certificados de diciembre, enero y febrero. En el mes de febrero, cuando ya había incertidumbre por saber cuándo se pagaría, se paralizaron las obras.
A fines de febrero se realizó una movilización a AYSA, en la que les informaron que no había novedades del pago. Cuando tuvieron una segunda instancia de reunión, de AYSA les dijeron que un delegado del jefe de Gabinete afirmó que los certificados se iban a pagar, que las obras en curso se iban a terminar, pero no van a habilitar obras nuevas.
Ante esa situación, los cooperativistas se movilizaron a la Jefatura de Gabinete para que los recibieran, esperaron dos horas y se cortó la Avenida Belgrano, sin respuestas. “La policía pidió un carril libre, al rato avisaron que iban a recibirlos en Casa Rosada, pero ya estaba la infantería, que luego avanzó y empujaron, agredieron, tiraron gas y golpearon a una mujer que se descompensó”, relató.
En ese marco, Rodríguez afirmó que “muchos de los cooperativistas están sin cobrar hace meses y no tienen para comer”, y lamentó que “van a los comedores y no les están entregando comida, así que tampoco pueden comer ahí, algunos no tienen para el pasaje de colectivo para movilizarse, directamente”.
“Acá no es la historia del empleado que cobra y no viene, acá se cobra por lo que se certifica. Son muchachos que trabajan haciendo un esfuerzo enorme, porque es un trabajo pesado, no es fácil hacer zanjas con pala manual, nos quedamos hasta cualquier hora para hacer las conexiones y dejar todo en el mejor estado”, finalizó.
Por su parte, Guillermo Saavedra fue despedido de la Biblioteca Nacional. El escritor, periodista y actor, tiene una relación muy importante con la cultura. Hace casi 40 años comenzó a trabajar en periodismo cultural, fue editor de los suplementos de cultura de La Razón, trabajó en los diarios Clarín y La Nación y fue director de la revista Babel.
Tuvo el exitoso ciclo de radio llamado El Banquete y tiene más de 20 libros publicados. Fue contratado por Horacio González originalmente en la Biblioteca Nacional, pero lo echaron durante la época del macrismo y fue reincorporado en el 2020 bajo el artículo 9, en planta transitoria.
“Fui recontratado con el objetivo de rescatar el programa de radio, en el cual se hicieron cientos de entrevistas de la talla de Alfredo Alcón, Liliana Herrero, el Tata Cedrón, el pintor Luis Felipe Noé, escritores como Abelardo Castillo, Ricardo Piglia, Martín Kohan, entre tantos otros”, explicó y detalló que “todo el material fue grabado en casete, se debía digitalizar y elegir las 50 entrevistas más importantes que serían publicadas en libros, de los cuales se sacaron en los últimos 4 años dos volúmenes El banquete 1 y 2, que están en la librería de la Biblioteca Nacional”.
El escritor afirmó que con los 120 despidos que hubo en la Biblioteca “se cercenó la posibilidad de que la sociedad tenga acceso a una cantidad de materiales que no se llegaron a procesar, no dieron tiempo e interrumpieron cosas que se estaban haciendo, como un ciclo de poesía que contaba con el apoyo de toda la sociedad de la cultura, como los escritores, editores, los poetas, los que estudian”.
En tanto, afirmó que “se le había advertido a la actual directora, Susana Soto Pérez, que fue quien avaló los despidos, que no sobraba gente, sino que faltaba, que no se daba abasto para procesar el material que llega año a año”, y destacó que “no hubo ninguna explicación, y ellos dicen que no fueron despidos, que es la no renovación de un contrato solamente”.
“A través del DNU, como le gusta gobernar al presidente, se redujeron los contratos anuales a tres meses, justamente para poder echar. Eso es ilegal, no se puede reducir, y nos mandaron un mail que no está firmado más que por la ‘dirección de la Biblioteca Nacional’, ya que no tuvo coraje la nueva directora para poner su firma”, lamentó.
Los recortes también llegaron a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Así lo relató Joaquín De Rosa. “Trabajaba en el área de comunicación y prensa de la Anmac, en mayo iba a cumplir dos años y la contratación fue bajo el artículo 9, que son contratos anuales, que duran hasta fin de año. El año pasado se renovó por tres meses, esos tres meses vencieron el 31 de marzo y el último día hábil llega primero una notificación fuera del horario laboral, y luego llaman de recursos humanos para avisar que no iban a renovar”.
Asimismo, subrayó que “no se dieron explicaciones, y lamentablemente tampoco hay indemnización ni nada por el estilo”, y agregó que “esto pasó a varios compañeros que estaban en condición de planta permanente, pero sobre todo a los que estaban en la lógica del contrato de tres meses”.
En ese marco, aseveró que “no hubo instancias oficiales de comunicación sobre el desempeño, la comunicación en general era bastante deficiente, se notó mucho desinterés, ya que no hubo acciones que justificaran bajo desempeño, todos trabajábamos, cumplíamos el horario”.
Finalmente, el ex trabajador del AnMac señaló que “se anunció justo en un fin de semana largo, que uno queda como expuesto, muy desprevenido. En estos días se verá qué pasa, en principio quedaron trámites administrativos pendientes. En lo personal afecta, porque uno vive de su trabajo y que caiga la noticia así es lo que más daña. Ahora hay que ver cómo salir al mercado laboral, con toda esta incertidumbre”.
Mientras el rumbo económico del Gobierno parece no tener un norte que no sea el de una situación cada vez más delicada y con una inflación que no deja de crecer, muchos trabajadores del Estado se preguntan qué pasará con sus puestos, cómo mantendrán su hogar y, sobre todo, cómo conseguirán un nuevo ingreso en el caso de ser despedidos, ya que las fuentes laborales no abundan y detrás de los números celebrados hay miles de historias que involucran a personas reales.