La cifra asusta. Pero es real. Y como si fuera poco el problema, lejos de hallar una solución, crece día tras día en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Los trapitos parecen multiplicarse con la misma intensidad que las denuncias en su contra no llegan a ninguna parte. Y eso quedó demostrado en el trabajo que realizó la Fiscalía General de la Ciudad, a cargo de Martín Ocampo, cuyo título fue “Informe Cuida Coches: Artículo 79 del Código Contravencional”, al que tuvo acceso Noticias Urbanas y en donde se dio a conocer una cifra alarmante. El 94,9 por ciento de las 3.191 denuncias realizadas en el 2013 contra los trapitos fueron desestimadas por la Justicia. Con lo cual ninguna fue elevada a juicio y el 40,3 por ciento de los imputados reincide al menos una vez en el mismo año.
Lo que reveló el trabajo de la Fiscalía es que el 94,9 de las denuncias fueron archivadas por falta de pruebas y otro 4,8 fue recalificado a la categoría de falta, es decir que al no poderse probar el pedido compulsivo de dinero, se decide sancionar el ejercicio como actividad lucrativa sin permiso previo. Aunque el 99 por ciento de las denuncias fueron iniciadas por la policía, para los hombres de la Justicia muchas de ellas se produjeron por el accionar previo de los vecinos, que recurrieron a los agentes del orden para quejarse por lo que les pasaba.
Una vez que el dato de la realidad golpea con la fuerza de un gancho a la mandíbula, se debe preguntar por qué pasa lo que pasa. Cuáles son las causas políticas para que la casi totalidad de las denuncias sean desestimadas. Y es ahí cuando surgen dos explicaciones bien distintas según sea la ideología del político consultado. Para el macrismo se trata de que la ley termina favoreciendo a los trapitos, ya que por tratarse de una contravención, o sea que solo se trata de un ordenamiento para generar mejores marcos de convivencia urbana, la prueba que se exige para que se pruebe la misma es muy difícil de comprobar, ya que se necesitan testigos de que el cuidacoches le exigió dinero al conductor del vehículo.
Y por eso desde sus filas y a través del proyecto de ley que impulsa el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, se propone mantener la prohibición pero modificándola al quitar “la carga que se le pasa actualmente al ciudadano que debe probar el hecho con dos testigos”. Según Ritondo, ese servicio suele prestarse como una especie de extorsión, pues se le debe dar al cuidacoches lo que él exige por su tarea o el que deja el automotor debe soportar su represalia y, en realidad, el coche no se deja para que sea protegido, sino para que un anónimo haga con él lo que le venga en ganas. Para el legislador esa actividad es inadmisible porque no es una actividad regulada y, además, es esporádica, ya que prolifera, generalmente, en torno a determinados espectáculos públicos, por lo cual quien la realiza no puede decir que vive de ella o que con ella mantiene a su familia.
Por otro lado se encuentra la postura de la oposición, que también presentó sus proyectos, como en el caso de las legisladoras kirchneristas Claudia Neira y Gabriela Alegre, el diputado del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart y la diputada de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti. Un integrante del bloque K que dialogó con Noticias Urbanas en off the record criticó la posición del Pro y los acusó por el no avance de las denuncias judiciales. “Hay una connivencia del macrismo y de la misma policía con las organizaciones que manejan a los trapitos, ya que en el caso de los eventos en los estadios, todo se realiza bajo el dejar hacer de los uniformados y de los dirigentes del club. Lo mismos sucede en los barrios gastronómicos, donde hay concentración de restaurantes y que son zonas muy específicas, por lo cual, si quisieran intervenir lo harían sin ningún tipo de problema”, señaló el político consultado.
Pero mientras los adversarios se pelean, los datos de la realidad siguen perjudicando al ciudadano. Y eso quedó demostrado por el informe de la Fiscalía. Bajo el subtítulo “Síntesis” el estudio asegura: “En cuanto a su geo-referenciación, el 71,7% de los hechos corresponden a las comunas 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) y 14 (Palermo) y suceden los fines de semana en las cercanías de estadios de fútbol. En la 13 se produce el 54,5 por ciento de los hechos; en la 14, el 17,2 por ciento, y en la 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios), 13,9 por ciento. Se observa un alto nivel de reiteración, ya que un 40,3 por ciento de los imputados identificados registró más de una imputación en el año. Un 20,2 por ciento estuvo asociado a dos o tres casos, y un 20,1 por ciento a cuatro casos o más. El 99 por ciento del total de los casos ingresados es mediante prevención policial, de lo que se desprende que la actividad de cuidacoches no se denuncia”.
El dato más sorprendente del informe se ve cuando se llegan a las cifras del 2013. “En el año 2013, no existe ninguna sanción impuesta y ningún caso elevado a juicio. Esto se debe a la imposibilidad de probar la exigencia de retribución requerida por la norma contravencional. Es decir, que si no se puede probar de manera acabada que se exigió el pago por el estacionamiento o cuidado del vehiculo la conducta no es punible y no puede ser sancionada. En total finalizaron 3.191 investigaciones sobre procesos relacionados con la figura prevista en el artículo 79 del Código Contravencional iniciados por exigir retribución para el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización. Como se observa, casi un 95 por ciento de las investigaciones fueron desestimadas por diversos motivos, pero en su gran mayoría fue por falta de prueba e imposibilidad de individualizar al autor del hecho.
Asimismo, un 4,8 por ciento de los casos que en principio habían sido considerados como artículo 79 del Código Contravencional. luego fueron tomadas como falta (menor a contravención). Es decir que frente a la imposibilidad de acreditar la exigencia de retribución prevista en el tipo contravencional, algunos fiscales deciden cambiar la calificación a la falta prevista en el artículo 4.1.1.1 (Ley 451) que sanciona el ejercicio de actividad lucrativa sin permiso previo”.
Los fiscales porteños también relevaron las denuncias realizadas los años anteriores y aunque en 2013 hay una pequeña disminución de las denuncias, esto se puede deber al desaliento de los denunciantes al comprobar que sus reclamos no tienen respuesta judicial.
“Entre los años 2007 y 2012 existió una tendencia en alza hasta el año 2011 cuando se produce una caída. La baja en los ingresos registrados durante el año 2011, puede encontrarse relacionada con la ausencia de espectáculos en el estadio de River Plate, ya que durante casi todo ese año los recitales se encontraban suspendidos. Esto también surge al cotejar el incremento de los hechos durante el año 2012, ya que el aumento en la zona norte fue del 56,3 por ciento. Así los ingresos totales del 2012 ascienden un 24,7 por ciento con relación al período anterior. Finalmente, en el año 2013 se produjo una disminución en los hechos ingresados respecto del año anterior”, concluye el informe.
La realidad vuelve a mostrar su peor cara. Las cifras no tienen discusión, lo que debería preocupar tanto al oficialismo como a la oposición porteña son las causas y, por consiguiente, las soluciones al problema de los trapitos. Que no es tan lineal ni sencillo como muchos creen. Sin embargo y a pesar del reclamo de los vecinos, la solución no llega. Un claro signo de los tiempos que corren.
