La última dictadura militar continúa generando controversias y hasta –incluso– una grieta política ante la polémica en cuanto al número de desaparecidos, como si un número pudiera aplacar el dolor por los que no están.
Esta semana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa estuvieron en un acto en el cual presentado uno de los aviones utilizados durante los “vuelos de la muerte” en la última dictadura.
Pero más allá del dolor, no todo es consenso acerca de lo que ocurrió en los años más oscuros de nuestra historia.
Por ejemplo, la precandidata a vicepresidenta y actual diputada nacional Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), que acompaña en la fórmula al libertario Javier Milei, se expresó en reiteradas ocasiones en desacuerdo con quienes plantean que la dictadura de 1976 dejó 30 mil desaparecidos.
La dirigente manifestó en sus redes sociales que ese número no era el correcto y que en realidad fueron 7.954, según lo que manifestado por la exactivista de los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide y que es lo que consta en los registros de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
Incluso, hay otros dirigentes y funcionarios que denunciaron que los desaparecidos fueron aún menos, lo que no salva la discusión y, menos aún, evita las huellas marcadas por dolor y el vacío que perdura en la memoria de los argentinos.
Es por ello que, desde el Congreso de la Nación se planteó penar a quienes nieguen lo que ocurrió durante la última dictadura militar que sucedió al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés (FdT-Jujuy) presentó un proyecto de ley para sancionar el negacionismo y la apología del genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
“La iniciativa incluye, además de la represión por el Código Penal, una capacitación para los funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa”, explicó Moisés.
Cabe destacar que esta instrucción será obligatoria para las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En tanto, la legisladora agregó que la iniciativa busca “dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado, que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica”.
Asimismo, el proyecto de la jujeña cuenta con catorce artículos en el que se alerta sobre que “el negacionismo es la tergiversación deliberada de nuestro pasado, rechazando las evidencias”. Y añade que se trata de negar los planes sistemáticos de exterminio, la represión clandestina y la negación de Justicia en los que incurrió la dictadura.
Además, la legisladora nacional explicó que “la reivindicación de los crímenes cometidos por la dictadura argentina, por parte de funcionarios del Estado, deben tener un tratamiento diferenciado con respecto a la apología de otros crímenes de lesa humanidad, porque son un atentado directo contra el orden democrático”.
La precandidata a senadora por Jujuy se refirió a quienes ponen de manifiesto la necesidad de un revisionismo histórico. “En los últimos meses, los argentinos asistimos de manera muy lamentable a lo que parece ser una revisión o interpretación de los sucesos ocurridos en el período dictatorial, en un sentido diametralmente opuesto a lo dictaminado por la Justicia Argentina”.
Luego remarcó que “por eso es necesario y urgente este proyecto”. Sentenció que “los agentes públicos deben estar formados en la defensa de los valores democráticos y en la preservación de la verdad”.
Aunque los años hayan pasado y los hechos siguen golpeando sobre las heridas que quedaron abiertas, pareciera ser que la posverdad se pone sobre la mesa con diferentes relatos de una misma realidad.
La objetividad se diluye en medio de la disputa por tener la razón o por cuestionar el dolor ajeno. Lo que importa va más allá de un número, ya que lo que se jugó en esos años fue mucho y hoy esa lucha sigue más vigente que nunca.
Un número y una polémica que no pudo ser saldada en estos 40 años de democracia.
