Tras el desalojo de las personas que habían tomado los predios de Guernica, se formuló una fuerte polémica con la noticia de un subsidio de 50 mil pesos por 3 meses, aunque se podría extender hasta medio año que podrían recibir los usurpadores.
Esto fue desmentido por parte del gobierno de Axel Kicillof, en boca del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien atribuyó “la confusión” a los medios, ya que, explicó, el plan se publicó en el Boletín Oficial bonaerense dos días antes de la desocupación por la fuerza del terreno de Presidente Perón y se trató de una actualización de programas que existen desde 2007 y que solo se utilizan para casos de extrema vulnerabilidad.
Larroque explicó también que los usurpadores no tendrán acceso al subsidio, ya que el origen de los mismos responden a otras causas.
“La provincia de Buenos Aires tiene un esquema de subsidios que se generó en 2007. Se habían actualizado los topes de montos por última vez en 2009, por lo que había un retraso, porque iban de $7500 a $30.000. Lo que hicimos fue actualizar los montos y los topes”, explicó Larroque en declaraciones a la radio AM 750.
A cambio, la Provincia creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda dentro del Ministerio de Gobierno -a cargo de Teresa García-, que tendrá como principal objetivo la coordinación de políticas tendientes a la generación de suelo urbano, el desarrollo de soluciones habitacionales, la promoción de mejoras habitacionales y de hábitat, y la urbanización en barrios populares. Esto se dio a días del desalojo en Guernica.
El decreto precisa, además, que la Unidad estará integrada por representantes de los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
También serán parte de ese espacio el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana.
De acuerdo con lo dispuesto, la máxima autoridad de cada organismo designará un representante ante la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que se desempeñará con carácter ad honorem.
Se creó además el Registro de Suelo Urbano, desde el que se deberá identificar suelo fiscal urbanizable, “susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales”.
En los fundamentos de la medida, se recuerda que “la problemática vinculada al déficit urbano habitacional en el territorio de la provincia de Buenos Aires es de carácter estructural y en los últimos años se ha profundizado, volviéndose crítica la situación como consecuencia de “la emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por el coronavirus”.
“El ordenamiento territorial, la producción de tierra urbana, la construcción de viviendas, el acceso al crédito y la tierra, requieren la respuesta de un Estado presente por lo que, en ese contexto, urge promover la generación de políticas públicas habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios, abordando integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional”, añade.
Se subraya que, “a fin de poder dar respuesta a una problemática tan compleja, es necesario recomponer la presencia del Estado, volviéndose una necesidad imperante coordinar las actividades de todas las áreas con competencia en la materia, conformando la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda”.