El Congreso de la Nación se prepara para retomar su actividad en un clima político marcado por las divisiones entre los bloques. En tanto, el eje central del período de las sesiones extraordinarias será la reforma de la Ley de Fueros, cuyo debate se reavivó tras la detención del senador Edgardo Kueider (FdT) en Paraguay, acusado de contrabando y lavado de dinero al ser encontrado con 200 mil dólares sin declarar. La controversia en torno al legislador nacional no solo instaló la discusión sobre su destitución, sino que también impulsó al oficialismo a proponer cambios legislativos para expulsar a representantes con causas judiciales abiertas.
El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que será oficializada en las próximas horas. Entre los temas destacados en la agenda figuran además la reforma electoral, que busca eliminar las elecciones primarias (PASO), y otros proyectos como la Ley Antimafia y el juicio en ausencia. Sin embargo, la propuesta de modificar la Ley de Fueros generó arduos debates, debido a sus implicancias constitucionales y al contexto político en el que se presenta.
Ley de Fueros: los desafíos legales y políticos
El oficialismo impulsó una iniciativa que pretende facilitar la destitución de legisladores involucrados en causas judiciales. Este proyecto, según fuentes cercanas al Ejecutivo, enfrentaría un obstáculo al colisionar con disposiciones de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 68 otorga inmunidades específicas a los legisladores, lo que podría requerir un procedimiento más complejo del que plantea la propuesta actual.
En paralelo, el kirchnerismo solicitó una sesión especial en el Senado para abordar específicamente la expulsión de Kueider. La vicepresidenta del cuerpo, Victoria Villarruel será quien definirá la convocatoria oficial. Cabe destacar que la estrategia del oficialismo, que incluye un proyecto general para expulsar a legisladores con causas judiciales, busca también capitalizar el escándalo que rodea al senador entrerriano.
El juez paraguayo a cargo de la causa contra Kueider, en declaraciones a medios locales, confirmó que el proceso judicial podría extenderse por seis meses y, en caso de hallarlo culpable, la pena máxima sería de dos años y medio de prisión. Estas declaraciones refuerzan la urgencia de algunos sectores políticos para resolver la situación del senador antes de que concluya el período de sesiones extraordinarias.
Reforma electoral
Otro tema candente en la agenda legislativa es la reforma electoral impulsada por LLA, que incluye la eliminación de las PASO y la limitación del aporte estatal a las campañas políticas. Sin embargo, estas iniciativas han encontrado resistencia tanto dentro de Unión por la Patria como entre los bloques opositores. Sectores dialoguistas, aliados estratégicos en otras votaciones, solicitaron postergar el tratamiento de estas reformas hasta el próximo año.
El Pro, el principal socio legislativo de LLA, propuso formalmente diferir estas discusiones hasta febrero, ya que argumentó que no hay tiempo suficiente para abordar temas tan complejos antes del 27 de diciembre, fecha de cierre del período extraordinario. Esta postura refleja la fragmentación de los consensos incluso dentro de los bloques opositores.
A pesar de las tensiones, algunos proyectos parecen tener mayores posibilidades de avanzar en este período legislativo. Tal es el caso del juicio en ausencia, que ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, y de la Ley Antimafia, cuya discusión será liderada por el Senado. Ambos temas cuentan con un nivel de acuerdo más amplio entre las distintas fuerzas políticas.
Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de incluir en la agenda de última hora medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como la implementación de un sistema fiscal simplificado denominado “Rigi para pymes”. Este movimiento, según trascendidos, buscaría sumar temas con alto impacto político y económico para contrarrestar las críticas de la oposición sobre la falta de prioridad en asuntos como el Presupuesto 2025 y el proyecto de Ficha Limpia.