El jueves se realizó el “Primer encuentro de coordinación sobre ablación y trasplante de órganos y tejidos: su implementación ante la transferencia progresiva de competencias penales a la Justicia de la Ciudad” en el Salón Plenario del Consejo de la Magistratura. Esta reunión tuvo como propósito definir un protocolo de actuación ante la transferencia de competencias penales a la Justicia de la Ciudad que entró en vigor en enero de este año.
El encuentro estuvo liderado por el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Alberto Maques, y coordinado por la jueza Penal, Contravencional y de Faltas Natalia Molina. El panel fue integrado por el consejero y vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Marcelo Vázquez; los consejeros Darío Reynoso y Raúl Alfonsín; la consejera y presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Silvia Bianco, y la consejera Lidia Lago. En representación de los Ministerios Públicos de la Ciudad asistieron el fiscal general Luis Cevasco y el defensor general Horacio Corti.
También formaron parte de la mesa de trabajo el vicepresidente del Incucai, Luis Bustos; el presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad, Luis Rojas; el decano del Cuerpo Médico Forense de la Nación, Luis Mario Ginesin; el subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Hernán Najenson; el comisionado mayor de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Horacio Marot; la directora de la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la Ciudad, Alba Teresa Pagano, y la perito médica tanatóloga del Cuerpo Médico Forense de la Nación, Cristina Bustos.
La jornada comenzó con las palabras de Maques, quien agradeció la presencia y el interés de los presentes sobre un tema tan importante como es el de la vida humana, “un tema de actualidad y vitalidad”, aseguró. En su intervención, el presidente hizo un reconocimiento público a la labor de los jueces, y afirmó: “Se trata del bienestar general, de la vida humana, y con esa idea se organizó este encuentro”, y agregó: “Sumemos ideas, que el objetivo es que esto pueda tener la solución, la inmediatez y la seguridad que todas las partes involucradas necesitan para poder trabajar como corresponde”.
La jueza Natalia Molina se refirió a este tema como aquel que tiene “un sentido jurídico pero que es un acto humanitario” y se refirió a cuatro temas centrales para trabajar en la jornada: “La declaración de la muerte, los actores involucrados y las decisiones que hay que tomar, la determinación del registro de voluntades afirmativas o negativas de la nueva normativa, la definición de los órganos y tejidos para ablacionar”.
Durante la jornada se estableció como prioritaria la definición de herramientas para que cada operador que intervenga en los procedimientos pueda actuar con urgencia, responsabilidad e información necesaria. Asistieron al encuentro jueces y juezas de la Justicia porteña, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Gobierno de la Ciudad; representantes del Instituto del Trasplante de la Ciudad y del Incucai.
Para finalizar, Maques destacó que la Justicia de la Ciudad está en condiciones y a la altura de los acontecimientos para el traspaso de competencias. “El Consejo tiene la firme convicción de que la Ciudad necesita de la autonomía plena y no vamos a cesar en el esfuerzo”, aseguró el presidente, y agregó: “Vamos a tratar de que la gente entienda que la Justicia de la Ciudad está cada vez más cerca del habitante de la Ciudad”.
A partir del 1 de enero de 2019 y a través de la Ley 5.935 de la Ciudad de Buenos Aires se aceptaron las transferencias dispuestas por la Ley Nacional 26.702. Esta normativa establece que el Poder Judicial de la Ciudad tendrá la responsabilidad de tomar decisiones respecto a situaciones en las que estén involucrados la ablación y el trasplante de órganos y tejidos. Ante esta nueva competencia para el Poder Judicial porteño, se organizó la jornada con el propósito de analizar la necesidad de establecer un protocolo para estos casos; que coordine estrictamente con el procedimiento médico correspondiente y que las autoridades médicas puedan conocer las diferencias del procedimiento penal que existen entre la Justicia nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, así como también las hipótesis de intervención y competencia del Poder Judicial de la Ciudad en los casos en que se requiera autorización judicial.
