Las precursoras de la denuncia, realizada el pasado lunes a la Legislatura porteña, son las organizaciones ciudadanas Red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad: “Acudimos a la Justicia de la Ciudad porque la Legislatura hace más de 15 años que impide a los ciudadanos hacer ejercicio de la Tribuna Popular”, expresaron mediante un comunicado.
Este señalamiento parte a raíz del supuesto incumplimiento del Reglamento Interno de la Casa Legislativa, por lo que la Justicia intimó, bajo apercibimiento de establecer sanciones, a la Legislatura para garantizar este derecho popular. Es que el incumplimiento de una sentencia judicial constituye un delito penal.
“Sostenemos que el mal manejo de las plazas y parques de la Ciudad, el constante sacrificio de los espacios verdes, la privatización y la restricción del uso del espacio público tiene entre sus principales causas el impedimento de que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones respecto a los espacios públicos y verdes”, señalaron las organizaciones.
La Tribuna Popular se trata de un derecho, reconocido en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de la Casa Legislativa, que habilita a cualquier ciudadano a realizar planteos al Cuerpo legislativo en forma previa a la ejecución de las sesiones.
Dicho de otra manera, aquellas personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a los legisladores porteños reunidos para iniciar una sesión.
“Iniciamos esta acción judicial para profundizar la democracia participativa y que podamos llevar nuestras peticiones y reclamos sobre el estado de los espacios públicos a la Legislatura de la Ciudad”, concluyeron.