El jueves último la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló desde su despacho en el Senado -prácticamente por cadena nacional- para brindar su alegato ante la Cámara de Casación Penal, conformada por los jueces Daniel Perrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que decidirán en 20 días si la causa del dólar futuro –en la que está imputada la propia Cristina- va o no a juicio oral.
Pero lo de la vicepresidenta no fue un alegato jurídico solamente –ni siquiera pidió su sobreseimiento, sino sólo “que se aplique la Constitución”- sino que se constituyó en un ataque filoso y profundo contra la aplicación de las herramientas jurídicas para perseguir a dirigentes políticos que forman parte de gobiernos populares, en lo que en la jerga angloparlante es conocido como “lawfare” (guerra a través de la ley).
Como si los hados de la fortuna se hubieran puesto de acuerdo con la expresidenta, su alegato fue emitido un jueves y el lunes siguiente el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Edson Fachin anuló las tres absurdas condenas que pesaban sobre el expresidente Luis Inácio Lula Da Silva relacionadas con la causa del Lava Jato, reabriendo la polémica sobre los alcances del lawfare. Lula, al igual que Cristina, fue víctima de un fiscal que no tenía pruebas, sino “convicciones” y por eso podría ir preso.
Más allá de las muchas consideraciones posibles, la sola existencia de imputaciones jurídicas de alto impacto periodístico, pero de escasa relevancia jurídica sobre algunos dirigentes que formaron parte del Gobierno que precedió al de Mauricio Macri manifiestan la crisis que emerge cuando los conflictos se resuelvan en el marco del Poder Judicial y no en el seno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los ámbitos naturales de la política.
Al día siguiente de la indagatoria a la presidenta del Senado, los senadores del Frente de Todos emitieron un durísimo comunicado, advirtiendo que es necesario “preguntarse cuál es la verdadera razón por que los jueces intervinientes se resisten a cerrar esta causa absurda. La respuesta es simple: estamos a pocos meses de las elecciones de medio término en nuestro país y hay un sector de la justicia decidido a repetir, una vez más, la práctica de manipulación e intromisión del Poder Judicial en los procesos electorales, actuando como brazo ejecutor de la estrategia macrista de persecución, difamación y destrucción de nuestro espacio político”.
A continuación, los senadores cuestionaron a los jueces, porque “es inadmisible que funcionarios judiciales utilicen sus cargos para trasladar el debate político de nuestro país a los Tribunales. Exigimos que los jueces lleven adelante sus investigaciones basados en criterios jurídicos y no en intereses políticos. Si quieren participar en política, deberían renunciar a sus cargos en el Poder Judicial y someterse al voto popular, tal como lo hacemos nosotros”.
Los senadores argumentaron que la pericia judicial elaborada por los especialistas de la Corte Suprema “derrumba con contundencia” la acusación formulada en octubre de 2015 por los legisladores macristas Federico Pinedo y Mario Negri, en la que el fallecido juez Claudio Bonadío involucró a la expresidenta, al entonces ministro de Economía Axel Kicillof y a los funcionarios del Banco Central Alejandro Vanoli y Miguel Ángel Pesce.
“Queremos una justicia independiente de los otros poderes y de los medios de comunicación y que las tapas de los diarios no sean un anticipo de las resoluciones judiciales”, finalizó el comunicado.
Hablando de dólares
Paralelamente, en los inicios de la semana que comenzó el lunes último, los precios del dólar “contado con liqui” y no oficial (o blue) se mantenían en $144,73 y $144, respectivamente, consolidando la brecha cambiaria en el 60 por ciento, que significa la mitad de lo que alcanzó en octubre de 2020.
Hace un tiempo ya que las reservas del Banco Central no caen más y, por el contrario, comienzan a acumularse. En lo que va de 2021, la entidad incrementó su stock en 300 millones de dólares. De esta manera, en marzo las reservas llegarían a sumar 40 mil millones de dólares. Esta cifra se acerca a la que existía en sus arcas al 10 de diciembre de 2019, que llegaban a los 13 mil millones de libre disponibilidad y 43.700 millones por todo concepto, sin tomar en cuenta los pasivos (deudas), que eran cuantiosos.
Formosa en el candelero
La provincia norteña de Formosa es un enigma para los porteños, tanto como para los 39 militantes de la agrupación Jóvenes Republicanos –responden a Patricia Bullrich- que fueron detenidos por provocar disturbios el último sábado en la capital provincial.
De todos modos, lo justo es justo. La excesiva represión que desató la policía formoseña contra los escasos manifestantes que asistieron a la marcha convocada por la oposición para protestar por el regreso a la Fase 1 de confinamiento que había decretado el gobernador Gildo Insfrán ante un nuevo brote de Covid-19, tampoco justifica los desmanes cometidos.
Tampoco son aceptables los disfraces. Una figura política vistiendo un traje de presidiaria no es una expresión seria de la democracia.
Formosa es la provincia con menos contagiados del país. Hasta el nueve de marzo había 1.420 infectados y 21 fallecidos por el virus. Un rebrote que afectó a 17 personas en la capital provincial obligó al gobernador a responder con el cierre de las actividades no esenciales y a la suspensión del transporte público interjurisdiccional. La protesta surgió especialmente entre los comerciantes y otras actividades liberales.
De todos modos, los políticos opositores no llegaron a Formosa para luchar heroicamente junto a los comerciantes. No existe tal altruismo en la política. Existen causas, quizás relacionadas con la soja, que provocaron la furia de los prohombres (y promujeres) que se deslizaron hasta Formosa para enfrentar al eterno gobernador Gildo Insfrán, que luce por estos días con la pólvora algo deteriorada.
El ritmo de judicialización de la política no augura la paz en el futuro, ni el fin de la grieta. Más bien degrada a la ciencia política y a la conducta democrática de partidos centenarios que en el pasado hacían gala de ella.
La denuncia como sistema
Existe una crisis que agita al mundo, que provoca en estos días miles de muertos en casi todos los países en los que ha desembarcado. Esa es la crisis de los gobiernos, que a menudo tienen que enfrentar una pandemia tan grave que todos los recursos que se destinen para enfrentarla son insuficientes. Menos clara es la crisis que agota a los partidos opositores, que se han dedicado a obturar la tarea de los gobiernos, tomando actitudes a menudo reñidas con los códigos más básicos de la gobernanza y de la ética política. Tan reñidas, que sólo nombrar a la ética en estas circunstancias parece casi una ironía.
No existe ningún gobernante que haya podido dar buenas noticias en este año que vivimos en peligro. A lo sumo, existe la esperanza que significa la aparición de las vacunas. Pero, aun así, en Argentina al menos, no faltaron los que llegaron hasta a denunciar que se buscaba provocar el “envenenamiento” de los ciudadanos. Antes se habló de “infectadura”, de la “cuarentena más larga del mundo”, del “cercenamiento de las libertades”, de la “instalación de una dictadura” o de que “la gente se muere de la cuarentena, no del Coronavirus”.
Hubo personas que judicializaron las medidas que tomaron los gobiernos por la pandemia. El 24 de febrero, el juez Ariel Lijo allanó el Ministerio de Salud de la ciudad ante una denuncia de la abogada Natalia Salvo por la entrega de vacunas a empresas de medicina prepaga y a obras sociales para que vacunen a sus afiliados. Quizás el sistema de Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós no sea el mejor, pero ellos encarnan al gobierno y de última entregaron vacunas a instituciones del sistema solidario de salud. No se debe entorpecer la tarea con medidas judiciales, porque es contraproducente.
Incluso, el amontonamiento de este martes en el Luna Park es producto de la misma impericia que en los primeros días de abril de 2020 convocó a cientos de jubilados que fueron a cobrar al mismo tiempo sus haberes y beneficios, generando un caos perfecto. Tal desorganización le costó la renuncia al titular de ANSeS, Alejandro Vanoli un poco después.
Una exdiputada opositora –a la que el trabajo publicado por la revista “The Lancet” dejó en ridículo- denunció al presidente Fernández y al ministro de Salud, Ginés González García por los posibles delitos de “envenenamiento”, “defraudación a la administración pública”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Casanello el 23 de diciembre del año pasado, justo un día antes de la llegada de la primera remesa de vacunas, que arribaron a Ezeiza provenientes de Moscú. ¿Se hubiera podido hacer algo mejor para derribar la esperanza? Finalmente, la causa estaría a punto de ser desestimada por el fiscal Guillermo Marijuán. Un raro triunfo de la sensatez, justo en el caótico ámbito judicial.
Así se hace política en la Argentina. Se mata a la esperanza. Se ensucian las acciones positivas. Se siembra la desconfianza sobre las personas y los actos de gobierno, para que, aunque todo esté más o menos bien, igual exista la prevención y el descreimiento. Ya hablaba hace más de 100 años Hipólito Yrigoyen del “régimen falaz y descreído”.
“El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen, porque nada grande se puede hacer con la tristeza”. (Arturo Jauretche)
Falta un siglo
Deberán pasar al menos cinco meses para que se realicen las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero en esta situación, pareciera un siglo.
El ritmo de judicialización de la política no augura la paz en el futuro, ni el fin de la grieta. Más bien degrada a la ciencia política y a la conducta democrática de partidos centenarios que en el pasado hacían gala de ella.
Si volvemos a lo dicho la semana pasada, ¿es conveniente que los políticos les entreguen a los jueces su poder de decisión? ¿No sería sensato conseguir menos por mano propia que mucho por mano ajena? ¿Es mejor poner el destino de un partido o coalición en manos de funcionarios ajenos a la política, que con sus fallos entregan una victoria a ese partido o coalición y les impiden así cosechar su logro? ¿No es una victoria pírrica ganar un juicio en lugar de negociar con un adversario político una solución política, que sea beneficiosa para el Pueblo?
