La relación no es buena. En todo caso la palabra justa sería mala. Y para que nadie se confunda, es bueno aclarar, que no se trata de una pareja. Sino de la relación entre el fiscal federal Federico Delgado y el ministro de Seguridad de la nación, Sergio Berni.
Y aunque la intensidad del conflicto aumentó, todo tiene un origen. En septiembre del año pasado, Delgado le presentó a la procuradora general Alejandra Gils Carbó un detallado informe que puso en evidencia el accionar de la Policía Federal (PFA) en casos de narcotráfico y trata de personas.
El estudio que tenía como objetivo conocer cómo están conformadas y estructuradas las fuerzas de seguridad en la Ciudad, en particular las 53 comisarías porteñas, cuáles son sus funciones y qué es concretamente lo que hacen, fue demasiado para Berni.
El problema era la contundencia de los datos, que dejaban en evidencia la relación demasiado promiscua de los integrantes de la Federal con delitos como el narcotráfico y la trata de personas. La descripción hecha por Delagado no necesitaba de ninguna adjetivación. A pesar de ello, Berni reaccionó de la peor manera y criticó en duros términos al fiscal. Sin debatir la cuestión de fondo que se planteaba en el informe.
Ahora, la denuncia realizada por Delgado es aún más fuerte. Porque se acusa a personal del Ministerio que maneja Berni de bloquear información en una investigación relacionada con trata de personas y narcotráfico. El fiscal investigaba una denuncia sobre 36 inmuebles del barrio de Once, que funcionaban como prostíbulos o lugares de venta de droga.
Y gracias a las tareas de los efectivos de la Prefectura Naval pudo comprobar que en la mayoría de los inmuebles se cometían los delitos denunciados por los vecinos de Once. Sin embargo, este trabajo se vio afectado de manera imprevista. El propio Delgado explicó las causas de esa obstaculización. “Pese al trabajo serio y comprometido de los prefectos, se vio resentido porque a la hora presente, 39 días después, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación no informó que antecedentes existían sobre los inmuebles denunciados, en los sistemas conocidos como ‘Sistrata’ y ‘Sisdroga’. Esto significa que todos los archivos de trabajo que se utilizaron, pertenecen al del Ministerio Público Fiscal”, acusó en el escrito que dio a conocer en diciembre del año pasado.
La acusación no es menor. Porque quienes integran la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal son los quienes poseen la mayor base de datos con todas las causas sobre trata de personas y narcotráfico. Si ellos no brindan, la pregunta que surge es inevitable ¿A quién protegen? La respuesta parece cantada a los malos policías y a los que se dedican a actividades ilícitas. Y esa no es una suposición sino que forma parte de las conclusiones a las que llegó Delgado.
El problema, es que esos hombres dependen directamente de Berni. Llegado a eses punto, la situación se oscurece aún más.
En la investigación de Delgado se comprueba la acusación presentada por Gloria Illopiz Ortiz, representante de los vecinos de Once. En el escrito del fiscal se asegura: “En varios casos se pudieron advertir reiterados antecedentes ilícitos en algunos de los domicilios investigados que admiten el legítimo interrogante respecto del rol de las fuerzas de seguridad en cada una de esas circunscripciones territoriales. Concretamente ¿Previenen o administran los niveles de los delitos? Ese es el punto que nos interesa destacar: la reaparición del delito sobre un mismo domicilio y, como contrapartida, la ineficacia del estado para evitar que ello suceda una y otra vez. En definitiva, son muchos los casos en los que la actividad se ‘interrumpe’ pero no se ‘suspende’ frente a los allanamientos y/o clausuras”.
Delgado deja bien en claro, la relación entre las fuerzas de seguridad y el delito. “Los resultados obtenidos durante ese trabajo nos permiten aseverar que se recolectaron elementos suficientes para solicitar que se investiguen ambos planos delictivos. Es decir, por una parte la actividad ilícita propiamente dicha que se desarrollaría en el lugar y, por la otra, la relación que pueda existir entre esos comportamientos con las fuerzas de seguridad que tienen la función de prevenir delitos en la zona”.
Por eso, llama la atención la nula colaboración de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la nación. El hecho de que los hombres que responden a Berni, no ayudarán al requerimiento del fiscal es más que un interrogante.
La pregunta no tiene respuesta. Y a medida que pasan los días ese dato el silencio adquiere una contundencia aplastante.
