Este fin de semana se conoció un borrador preliminar del acuerdo que el Gobierno Nacional negocia por estas horas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares que tiene con el organismo. Este lunes, el presidente Alberto Fernández negó cambios en el régimen previsional, uno de los puntos polémicos del texto. Reducción del déficit, freno a la alta emisión y acumulación de reservas, tres de los puntos destacados.
“Nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde”, dice uno de los textuales que se desprende de la hoja de ruta que dio a conocer el gobierno a las autoridades del Congreso, con la idea de bajar la temperatura interna del conflicto por el entendimiento y saciar los pedidos de “letra chica”.
El “uso de esa oportunidad” refiere a la recaudación y a su distribución “racional”, como reza en un pasaje del escrito. Es decir, repartir dinero desde el estado de manera segmentada tratando de seleccionar erogaciones puntuales, una política económica como la que el titular de Economía Martín Guzmán impulsó en 2021 recortando gastos sociales como el IFE y que fueron reclamados por el kirchnerismo.
La suba de tarifas, otro de los temas centrales pedidos por el Fondo también se reflejan en el borrador, según difundió el periodista Alejandro Bercovich. A la segmentación para que paguen más los sectores de altos ingresos se ampliarán “otras 9 áreas urbanas para fines de mayo del 2022”. También se apuntará a los “grandes usuarios industriales” para reflejar sus gastos totales, aunque no específica cuál es ese parámetro.
En otro pasaje, develado por el periodista Sebastián Premici en BAE Negocios y El Cohete a la Luna, se habla del sistema previsional, una discusión que se disparó este lunes 21 de febrero y que en la mañana fue rápidamente desmentida por el Gobierno Nacional, cuando Alberto Fernández declaró que “de lo que se habla es de los regímenes especiales de Privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces pero deberíamos avanzar más. Lo mismo con los Embajadores”.
“Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”, dice el borrador.
Dentro de la racionalización de gastos, se menciona también “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”.
Otro de los puntos que levantaron polémica fueron las especificaciones de que se trabajará en conjunto no sólo con el FMI, sino también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr financiamiento.
La acumulación de dólares en el Banco Central es uno de los puntos principales del programa que negocian el gobierno y el Fondo. De acuerdo al texto, se buscará sumar 5.800 millones de dólares en 2022, 4.000 millones de dólares en 2023 y 5200 millones de dólares en 2024.
Con la idea de mantener los niveles de fines de enero del 2022 para el tipo de cambio, se explica que la acumulación de reservas será un factor preponderante en ese diferencial, marcando el pulso de sus modificaciones en cuanto a aumentos o disminuciones. Es decir, el dólar estará anclado a la inflación.
Dentro de este paquete están la reducción del déficit fiscal y los desembolsos del FMI atados a las revisiones cada tres meses, que fue la información que Guzmán dio cuando se logró un entendimiento.
Infraestructura e inversión son otros de los puntos que aparecen en el texto difundido. “Planeamos continuar aumentando el gasto de inversión en infraestructura a más del 2% del PBI en 2022 (de un promedio del 1% durante 2018-20) y mantener este nivel a mediano plazo”, explica.
A nivel laboral, se plantea que “la doble indemnización por despido sin causa justificada, que ya se está reduciendo en forma paulatina, quedará sin efecto completamente a finales de junio de 2022”, algo que había sido anticipado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que fue una medida nacida en la pandemia.
