Hace unos días, los legisladores del Pro impusieron su número para aprobar en la Comisión de Planeamiento Urbano un proyecto de ley por el cual quedará sin efecto la prolongación del Pasaje Soria, que entre Serrano y Thames está interrumpido por una casa particular.
De aprobarse definitivamente este proyecto –que ahora pasará a la Comisión de Tránsito y Transporte–, el Estado habría renunciado a ejercer sus obligaciones, a la vez que favorecería a un ciudadano que, a partir de esta decisión, verá varias veces multiplicado el valor de su propiedad gracias a una medida gubernamental.
El Pasaje Soria tiene tres cuadras de extensión. Nace en Gurruchaga y llega hasta Uriarte, flanqueado en paralelo por las calles Gorriti y Honduras. En su recorrido, solo se interrumpen esos 50 metros que ahora serán definitivamente taponados por una casa cuyo frente da a la calle Thames 1545. De todos modos, la Ordenanza 23.475, dictada en 1968, ordenaba la apertura de la calle, una medida que fue ignorada durante 44 años.
La superficie del terreno es de 436 metros cuadrados, ya que tiene 8,62 metros de frente y 50,58 metros de fondo. La propiedad consta de planta baja y primer piso y está subdividida bajo el régimen de propiedad horizontal. Existen dos unidades de vivienda: una que da al frente y otra a la que se accede por una puerta lateral.
En el Artículo 1º del despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano, que aprobó el proyecto tal cual lo envió el Poder Ejecutivo y que firmaron Macri, Rodríguez Larreta y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, se expresa: “Déjase sin efecto la apertura de la calle Soria en el tramo comprendido entre las calles Thames y Serrano –tramo sin materializar–, y en consecuencia elimínase dicha arteria del Listado de Arterias Afectadas a Apertura de la sección 6 del Código de Planeamiento Urbano”.
Hasta aquí, todo parece muy normal, muy técnico, pero en cuanto la Legislatura apruebe esta norma, el precio de la vivienda salvada de la piqueta (que por años, por estar afectada a una inminente demolición, casi no tiene valor) se habrá multiplicado (estamos hablando de casi 500 metros cuadrados en pleno Palermo), a la vez que el Estado habrá incumplido su misión una vez más.
¿Qué es lo que impide que una calle que está obstruida por una vivienda sea continuada, removiendo el obstáculo, tal como corresponde? No existe una comprobación fehaciente, pero algunos urbanistas deslizaron, en off, sus sospechas por la maniobra.
Sorprendió, adicionalmente, el tono indolente, casi displicente con el que el Poder Ejecutivo fundamentó la medida. Por ejemplo, justificó su propuesta sosteniendo que “la apertura no tiene ningún tipo de incidencia positiva dada la incapacidad de la arteria de canalizar flujos vehiculares”.
En esa zona, apenas a 50 metros de la plaza Julio Cortázar, proliferan las propuestas gastronómicas, las casas de diseño y algunos teatros y locales de espectáculos, entre otras ofertas comerciales. Esto significa que el flujo principal en esas calles es, precisamente, peatonal, y una calle cortada perjudica ese tipo de circulación.
De todos modos, predomina en los fundamentos del proyecto de ley un involuntario humor y algunas contradicciones. En una de sus primeras expresiones, el funcionario encargado de redactar el proyecto alegó que los “pasajes constituyen un ámbito de alta significación ambiental, ya que conforman una trama atípica dentro de la cuadrícula de la Ciudad. Su carácter es predominantemente residencial de baja densidad”.
Ante estas consideraciones, el lector atento esperaría que, a continuación, el redactor se esmerara en recomendar el uso de la piqueta para extender esa calle tan pintoresca, que conforma esa “trama atípica”, pero eso no es lo que viene a continuación.
Lo que sigue es casi un rasgo de perverso humorismo, ese que desconcierta a un espectador, que espera que la trama vaya hacia una parte y repentinamente arranca hacia otra. En efecto, el taumaturgo, con un pase repentino, recomienda inmediatamente que “desde un análisis de la necesidad y/o conveniencia de la apertura del tramo faltante del pasaje, este organismo considera que no es necesario ni es conveniente”.
Así, sin más, después de haber alabado el pasaje por su “alta significación ambiental”.
Pareciera que los fundamentos hubieran sido escritos en principio para recomendar lo contrario a lo que el proyecto del Poder Ejecutivo propuso a la Legislatura porteña.
Pero es recomendable leer con atención los párrafos finales. “El pasaje, con su fisonomía, se encuentra totalmente integrado a la trama urbana y conforma un ámbito singular como entorno de la plaza Serrano (NdR: en realidad se llama Julio Cortázar). La ruptura de la estructura parcelaria le quitaría el valor que ostenta actualmente en el ámbito señalado.”
Estas dos frases, en realidad, son netamente contradictorias porque “la ruptura de la estructura parcelaria”, es decir, la demolición de la casa que interrumpe la calle, en realidad realzaría “el valor que ostenta actualmente”.
Pero, como en todo espectáculo en el que el taumaturgo intenta sorprender a su público, lo mejor siempre está al final. El último argumento es casi una confesión. “Por otra parte, la desafectación de la apertura permitiría la movilización del patrimonio edilicio de las parcelas afectadas, hasta hoy restringido administrativamente.”
El Gobierno puede abrir o cerrar las calles o destinarlas a algún otro fin, y hay numerosos ejemplos de medidas de este tipo que han sido un acierto. Lo grave es cuando una medida de un gobierno favorece a un particular, a la vez que perjudica a la mayoría. Si el Poder Ejecutivo hubiera decidido erigir allí una oficina gubernamental, podría alegarse la preeminencia del interés público, pero ¿puede un funcionario gubernamental tomar una medida sobre un espacio público solo para favorecer el patrimonio de un ente privado?
Algunos legisladores, incluso alguno del Pro, en principio se negaron a firmar la aprobación del proyecto, preocupados por las consecuencias que podría acarrearles esa firma y por los argumentos falaces de algunos miembros del oficialismo, que hasta alegaron que la demolición sería un gasto superfluo.
El diputado Adrián Camps, de Proyecto Sur, en diálogo con NU, expresó: “No conseguí reunir los datos de los propietarios y además no tenía elementos válidos para acompañar el proyecto. Hay quienes se mostraron a favor de abrir la calle y quienes opinaron lo contrario, pero lo que se votó no es lo mejor”.
Por Horacio Ríos