La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió el martes para constituirse tras el recambio legislativo y definir sus autoridades. Luego se desarrolló un encuentro en donde el oficialismo llegó con nuevos pedidos que no estaban en el temario original: los legisladores del Frente de Todos solicitaron “involucrarse” en la polémica originada a partir de la difusión de las imágenes del encuentro que se habría realizado en el Banco Provincia durante la gestión de Cambiemos. En ese registro se puede escuchar a Villegas, exministro de Trabajo de Vidal, hablar de una Gestapo para armar causas y perseguir gremios.
Una fuente que participó del encuentro le dijo a Infobae: “Se definió abrir una investigación por el video y los hechos que da cuenta. Para esto se constituyó una subcomisión investigadora en donde estarán Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade por la mayoría; la minoría pidió un tiempo para nombrar a su representante”.
En la bicameral se definió solicitarle a la interventora de la AFI, Cristina Liliana Caamaño que envíe toda la información vinculada al hallazgo del video y, principalmente, sobre los espías que aparecen en las imágenes. Los legisladores hacen referencia especialmente a Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.
Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Sebastián De Stefano, Dir. Jurídicos de la AFI de Arribas y Majdalani, quien en agosto del 2018 visitó al Juez Carzoglio de Avellaneda, para decirle que “Macri lo quería preso a Pablo Moyano”. pic.twitter.com/r3L2TVWGit
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021
En una segunda instancia, los 14 miembros de la Bicameral debatieron sobre el fallo emitido por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, en el que consideraron que las acciones de espionaje ilegal realizadas por los espías de la AFI que se comunicaban a través del grupo de WhatsApp “Súper Mario Bros” no formaron parte de “un plan transversal a la estructura del Estado nacional” sino que correspondieron a acciones personales de esos agentes.
Los legisladores oficialistas hicieron valer su número y definieron avanzar con una denuncia de juicio político.
De acuerdo a Llorens y Bertuzzi, esos exespías de la AFI “utilizaron sus posiciones y recursos del Estado para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información”, lo que para ambos jueces refleja que en la acción de ese grupo de espías primaron “intereses particulares” y no “la idea de un plan transversal a la estructura del Estado”. Farah, en cambio, sí suscribió a la tesis de la asociación ilícita al plantear que “el relato de los eventos muestra una maquinación debidamente concertada, concretamente planeada, que involucró a diferentes personas y con diversas funciones”.