El fiscal federal Guillermo Marijuán puso en marcha una investigación preliminar para recabar datos decenas de empresas y algunos organismos públicos de la provincia de Buenos Aires que en los últimos dos años habrían comprado aviones, preferentemente en Estados Unidos, con una enorme sobrefacturación y el perjucio para el erario público que ello conlleva.
Según pudo saber Infobae, el primer paso, fue pedir informes tanto al Banco Central como al Registro de Aeronaves. En el caso del Banco Central, deberá contestar, con carácter de urgente, la “nómina de las personas físicas y/o jurídicas -públicas o privadas- a quienes se le vendieron divisas para el pago en el país y en el exterior de aeronaves”.
Al Registro de Aeronaves, que depende de la titular de la Administración Nacional de Aviación (ANAC) Paola Tamburelli, Marijuán le solicitó “la totalidad de aeronaves que hayan sido inscriptas y/o matriculadas desde el inicio del año 2020 hasta la actualidad, debiendo acompañar la documentación que dé cuenta de sus propietarios, titulares, identificación (matrícula y nombre) de la aeronave y demás información con la cual pudiera contar ese organismo”.
Según explicó un empresario a Infobae “la maniobra empieza con la sobrefacturación en Estados Unidos. El comprador pide una factura con un precio más alto del real. Con eso, las empresas solicitan la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llega el avión al país, no se controla en la Aduana y termina siendo un negocio redondo”.
La mayoría de las operaciones involucran a empresas de taxis aéreos, que además tienen enormes facilidades impositivas. También habría empresarios de primera línea, algunos de ellos procesados por las maniobras descriptas en la causa de los cuadernos de la corrupción.
La investigación ocurre después de la polémica por la compra de un avión oficial para la provincia de Buenos Aires. Según una investigación publicada en el sitio Border Periodismo, la administración de Axel Kicillof autorizó el pago de USD 7.195.214 para adquirir un Beechcraft King Air B200GT/250, aunque el valor de mercado no superaría los USD 5 millones.
Las sospechas aparecieron porque la operación se hizo a través de una firma radicada en Ohio (Estados Unidos) que no tiene antecedentes en la venta de aeronaves. La empresa RSLINK LLC pertenece a Rodolfo López Hower, un ex integrante de la Fuerza Aérea argentina, y solo tiene operaciones previas con el Estado Mayor Conjunto.