La secretaria de Hábitat e Inclusión Social porteña, Marina Klemensiewicz, sostuvo que entre quienes mantienen ocupado hace una semana el predio de avenida Cruz y Pola hay personas con “problemas de delitos federales, asociados al narcotráfico” y alertó que “hay un sector demasiado armado que no sé a quién responde”.
Al ser consultada si la toma de ese terreno pudo ser incitada políticamente, Klemensiewicz respondió: “Absolutamente”. “No sólo fue incitada políticamente con intereses económicos para unos pocos. La gente fue engañada, se le decía: ‘Vengan a tomar la vivienda’ y la obligaban a que pague 5 mil pesos y hasta 15 mil”, subrayó en declaraciones a radio La Red.
“La justicia está interviniendo. Hay detenidos en función a los allanamientos del domingo. La justicia pudo conseguir varias pruebas en relación a estos actos de compra-venta”, agregó.
La funcionaria criticó que “muchas madres y chicos hayan sido, de alguna manera, utilizados como escudos y movilizados para tratar de demostrar que hay una necesidad”.
El predio, frente al Parque Indoamericano tomado en 2010 y que terminó con una violenta represión policial, fue ocupado el lunes de la semana pasada por unas 300 familias que reclamaban tierras para construir viviendas y un hombre fue asesinado en medio de una discusión entre vecinos.
El viernes, aunque se cumplió un plazo judicial para que se realizara el desalojo la orden del juez Gabriel Vega se suspendió tras la intervención del defensor oficial Luis Duacastella.
Sin embargo, la nueva jueza de la causa, María Gabriela López Iñíguez, recibió un pedido de la fiscalía para que el terreno sea desalojado.
En tanto, las seis personas detenidas ayer en el intento de toma del predio de Zuviría y José León Suárez, también en Villa Lugano, fueron liberadas en la madrugada de hoy luego de negarse a declarar y ante la falta de antecedentes penales.
El juez penal porteño Carlos Aostri liberó a los seis acusados de entre 18 y 23 años, de las cuales cinco son mujeres, una de ellas de 18 años y embarazada.
Los jóvenes hicieron uso de su derecho de negarse a declarar y su defensora oficial prometió presentar en la semana un descargo por escrito para explicar los hechos.
Como ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales, el magistrado dispuso su libertad y el fiscal del caso, Gustavo Galante, les impuso la obligación de presentarse una vez por semana en la fiscalía para asegurar su permanencia en la causa.