La motosierra gubernamental afectó la educación y las universidades concluyen el año con una reducción del presupuesto del 30% y los sueldos reales de los profesores experimentan una disminución del 23% en comparación con diciembre de 2023.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) divulgaron la información.
El recorte presupuestario a la educación fue denunciado durante todo el año por la comunidad educativa, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad.
A pesar del consenso logrado en torno a la defensa de la educación, y la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, el ajuste de los fondos no se pudo revertir debido al veto de Javier Milei.
El máximo órgano de la UBA considera que el sistema universitario necesitará para el 2025 $7,2 billones de pesos para funcionar pero el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de $3,95 billones en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso.
La lucha por el presupuesto
De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, se calcula que a la primera marcha realizada el 23 de abril en Plaza de Mayo asistieron más de 800 mil personas. En la segunda movilización, esa cifra fue mayor.
El consenso en torno a la defensa de la educación trascendió a la comunidad educativa. Según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, “el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso”.
Luego de la movilización, el 14 de septiembre el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de la legitimidad de la norma, el Presidente la anuló vía decreto. El Congreso volvió a reunirse para rechazar el decreto pero, por la presión del Ejecutivo, algunos diputados que se dieron vuelta y no fue posible voltearlo.
Durante todo ese proceso, el Gobierno Nacional le dio la espalda al reclamo y reafirmó su política de ajuste, para eso debió desarrollar distintas estrategias que descalificaran la demanda, a la que describió como “un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira”.
Ante la primera marcha, Milei había dicho: “En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable”.
En ese entonces, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que la Casa de Estudios siempre informa “todas las auditorías” y que, además, están en la página web “porque son públicas”. “No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional”, añadió.
Un veto a la educación es un veto al futuro.
El miércoles 2 de octubre a las 17h, marchamos al Congreso contra el veto a la Ley de Financiamiento a las Universidades Públicas.
Cuidemos lo que funciona.
Cuidemos a la Universidad pública. pic.twitter.com/LehZQzlvCE— UBAonline (@UBAonline) September 25, 2024
“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo con los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Presidencia”, señaló el titular de la SIGEN Miguel Blanco.
Finalmente, Nación no dio a conocer ninguna irregularidad pero siguió impulsando la retórica en contra de las Universidades. Fue en ese momento cuando el Gobierno comenzó con los discursos sobre que las Altas Casa de Estudio albergaban estudiantes “inventados” para recibir mayor presupuesto.
Llegado el segundo cuatrimestre el Gobierno continuó sin actualizar los salarios y el presupuesto, que habían sido afetcados por la fuerte devaluación e inflación del primer mes de gestión. Eso determinó el llamado a la 2° Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre.
El día anterior a la movilización Torrendel insistió con la política discursiva de deslegitimación. El secretario de Educación calificó a la marcha como una protesta “antigobierno” y que “varias de sus consignas”.
La población igualmente no se hizo eco de las declaraciones gubernamentales. La segunda movilización resultó multitudinaria: se calcula que asistió más de 1 millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.
Si bien el Congreso había logrado sancionar la Ley de Financiamiento Educativo, Javier Milei la derogó. Esto hizo que los diferentes bloques opositores, entre los que se encontraron Unión por la Patria, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, convocaran a una sesión para rechazar el decreto. Sin embargo, las presiones del Ejecutivo logró que diputados claves, que antes habían votado la ley, después apoyaran el decreto que la anuló.
🇦🇷 — Miles de personas en defensa de la universidad pública y contra el veto de Javier Milei. #MarchaFederalUniversitaria
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— La Cámpora (@la_campora) October 3, 2024
