La justicia uruguaya recibió el martes la orden de detención y extradición de los tribunales argentinos contra el parlamentario del Mercosur y operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de participar de supuestas maniobras de hostigamiento y asfixia financiera del Gobierno de Mauricio Macri en contra del Grupo Indalo y sus accionistas.
El pedido de extradición llegó a la justicia uruguaya luego de que este lunes la Cancillería remitió al gobierno de ese país el exhorto que solicita la detención y extradición de Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y exmiembro de la “mesa judicial” de Juntos por el Cambio, dispuesto por la jueza federal María Servini para tomarle indagatoria.
La jueza Chamsarian tiene en su poder el pedido de Servini donde advierte a las autoridades el país vecino que “existe urgencia” ya que el operador judicial de Mauricio Macri “se dio a la fuga del territorio de territorio de la República Argentina y manifestó su intención de no someterse a la jurisdicción del país”.
Ahora los tribunales uruguayos deben designar un fiscal, que quedará facultado para pedir una suerte de arresto administrativo y que, en caso de producirse, en principio tendría como objetivo llevarlo al juzgado para notificar el trámite judicial.
Mientras esto sucede, el gobierno de Uruguay le comunicó al embajador argentino Alberto Iribarne que no demorarán el trámite que se inició tras la presentación de la Cancillería argentina donde se pide la detención y el posterior traslado a Buenos Aires del ex asesor judicial de Mauricio Macri.
En las últimas horas el ministro de Educación de Uruguay, Pablo Da Silveira -que tiene a su cargo Justicia y la Procuración- fue quien se comunicó con el embajador argentino allí, Alberto Iribarne, para decirle que el pedido que había girado la Cancillería ya tenía asignado un juzgado y que la instrucción política a la Comisión de Refugiados (CORE) es que evalúe el pedido de protección de “Pepín”, donde dice que es un “perseguido político”, lo antes posible. Mientras tanto se aguarda que una fiscalía tome las primeras decisiones, ya que el sistema es acusatorio.
La CORE es un organismo que funciona dentro la Cancillería uruguaya y debe evaluar si hay motivos para conceder el refugio. La jueza Servini insistió en el escrito que no hay persecución ni delitos políticos en juego. Ahora que ya interviene la jueza Chamsarian, de acuerdo a la ley de Derecho al Refugio y a los Refugiados (18076), como ya hay un pedido de extradición en trámite podría ser ella quien tome la resolución final sobre el tema.
Por su parte, el abogado penalista Carlos Beraldi dijo entender que, si avanza la extradición desde el Uruguay de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fuera asesor judicial del expresidente Mauricio Macri, podría dictársele “una prisión preventiva” cuando llegue al país.
“Pepín ya manifestó su voluntad de profugarse. Si avanza la extradición, cuando venga entiendo que tendrá una prisión preventiva que se mantendrá durante un tiempo importante”, afirmó Beraldi, uno de los letrados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este miércoles en diálogo con El Destape Radio.
