La situación en Venezuela sigue escalando hacia una intervención del Comando Sur de EE.UU, al menos en los planes del Departamento de Estado. El general Mark Stammer, Comandante del Ejército Sur del país del norte, se trasladó el miércoles último hasta Cúcuta -en la frontera entre Colombia y Venezuela-, acompañado por altos mandos militares colombianos, por el jefe del Comando Sur norteamericano, el almirante Craig Faller y por el embajador de su país en Bogotá, Kevin Whitaker.
Quizás ésta sea la culminación del “affaire” generado por una misteriosa inscripción que mostró hace unos días -quizás involutariamente- el secretario de Estado norteamericano, John Bolton, en la contratapa de una bloc de notas, en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca. En ella se podía leer “5.000 tropas a Colombia”, pero el funcionario se negó a explicar a la prensa de su país la naturaleza de la etiqueta. La cancillería colombiana afirmó desconocer todo acerca de la “gaffe” de Bolton.
En medio de tanta irracionalidad, en tanto que algunos países latinoamericanos apoyaban la posición del State Department de reconocer al dudoso Juan Guaidó, Uruguay y México hicieron honor a las viejas tradiciones de sus cancillerías y propusieron el comienzo de una ronda de diálogo entre el chavismo y sus radicalizados opositores.
Ambos ministerios de relaciones exteriores anunciaron la realización de una conferencia internacional, que se realizará el 7 de febrero. Ésta contará con la presencia de delegados de más de diez países y de organismos internacionales partidarios de abrir negociaciones entre los bandos enfrentados en la crisis venezolana.
“Es diálogo como primer paso. No se pueden imponer las cosas. Primero se tienen que sentar a dialogar las partes y el diálogo, como lo dije, es un buen avance para el entendimiento”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una visita del presidente de España, Pedro Sánchez.
Sánchez, por su parte, ratificó el ultimátum de su Gobierno a Maduro para que convoque a elecciones en ocho días -un plazo que vencería esta semana- y optó por promover el armado de un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos para “propiciar el diálogo entre las dos partes”. Europa amplió posteriormente el plazo de los ocho días a una convocatoria en 90 días a elecciones “libres”.
Este viernes, Uruguay y México presentarán su propuesta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres. Los encargados de exponer la posición de sus cancillerías serán los embajadores ante el organismo de México, Juan José Gómez Camacho y de Uruguay, Elbio Rosselli.
Tradiciones
Uruguay y México son países que tienen un pasado prolífico en materia de negociación y mediación en conflictos internacionales que han involucrado en el pasado a países de la región.
Para agravar la tensión en el conflicto, el lunes pasado el Gobierno estadounidense impuso sanciones contra el gobierno venezolano, que incluyen desde el congelamiento de cuentas por siete mil millones de dólares en activos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) hasta medidas restrictivas contra individuos y entes estatales venezolanos.
Maduro, entretanto, respondió que no aceptará ni el “el ultimátum de nadie en el mundo, ni el chantaje” y respondió que si EE.UU. o la Unión Europea desean que haya elecciones en Venezuela deberán esperar hasta el 2025.
México y Uruguay son dos países que poseen tradición en la mediación de conflictos. En 1983, México impulsó, junto a Colombia, Panamá y Venezuela una instancia multilateral llamada Grupo Contadora, para promover la paz, la democratización y el desarrollo tras los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
El papel de México en aquellos años le permitió mantener una política internacional no alineada frente a Estados Unidos y mantener, paralelamente, una diplomacia activa.
En 1985, las cancillerías de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay formaron el Grupo de Apoyo a Contadora para la resolución de conflictos regionales, que luego terminó convirtiéndose en el Grupo de Río.
La diplomacia uruguaya también trabajó en procesos de paz en el pasado. El expresidente uruguayo José Mújica fue uno de los garantes en el diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Juan Manuel Santos, que culmnió con un proceso de desarme de la guerrilla, aunque por estos días que corren, las Fuerzas Armadas colombianas no muestren una colaboración extrema en ese proceso, que aún no culminó.
También, la diplomacia uruguaya desarrolló un rol importante en la firma del Acta de Montevideo en 1979, que bajo la dirección del papa Juan Pablo II evitó una conflagración armada entre Argentina y Chile por las islas del Atlántico Sur Picton, Nueva y Lennox.
