La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encendió la polémica al relanzar el protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales que instituyó durante el período en que fue ministra de Seguridad, entre 2015 y 2019. La medida había sido derogada por su sucesora, Sabina Frederic, poco después de asumir el cargo en diciembre de 2019. Durante aquella gestión, Bullrich había instaurado este protocolo, el cual fue objeto de permanente debate por su enfoque sobre el uso de armamento letal y por su verdadera finalidad, que para muchos organismos tiene el objetivo de amedrentar a los opositores al planteo económico del Gobierno, que se propone devastar a la industria y favorecer, en cambio, a las entidades financieras.
En esta primera etapa del relanzamiento, que ya entró en funcionamiento, se anunció que Prefectura Naval Argentina recuperará la capacidad de emplear armas largas. Bullrich en distintos medios justificó la medida con el argumento de que este tema es de suma importancia para reforzar la defensa de las fronteras. Pero, varios referentes de los organismos señalaron que esta decisión fue tomada en el marco de las protestas generadas por las modificaciones en la temática económica y laboral.
El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, en diálogo con Noticias Urbanas afirmó que su espacio se opone al restablecimiento de las antiguas reglamentaciones que permiten el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, explicó que fue la ministra Nilda Garré quien dictó una resolución por la cual las fuerzas de seguridad no debían portar armas letales en manifestaciones públicas.
“Es una situación agravada, en el sentido de que hay una serie de indicaciones que a nosotros nos resultan altamente alarmantes”, indicó Torramere y explicó que “las fuerzas de seguridad pueden hacer uso de sus armas letales a su solo criterio o si ellos entienden que están corriendo algún peligro o incluso si la persona que es presumiblemente cometió un delito, se encuentra huyendo”.
En esa línea, el integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos afirmó que “las fuerzas de seguridad se pueden manejar muy flexiblemente con el uso de su arma letal, lo que implica, de alguna manera, poner en vigencia la pena de muerte, decidida en forma extrajudicial por el agente de alguna fuerza que en algún momento decide emplearla”.
Además, señaló que “se le quita todo tipo de trascendencia y todo tipo de importancia, no solamente a la vida humana, sino también al debido proceso judicial, porque esto significaría penar sin juicio previo”, y consideró que “estas medidas lo que soslayan es lo que se llama principio de proporcionalidad, que es algo que se le exige a las fuerzas de seguridad cuando van a usar sus armas ya que no es que tengan prohibido usarlas, pero ese uso tiene que ser proporcional al mal que se proponen mitigar, lo que se proponen reducir”.
Actuar de forma letal
La perspectiva de que las fuerzas de seguridad utilicen armas de fuego de manera proporcional al peligro y con máxima prudencia es crucial en cualquier sociedad democrática, destacó Torremare. La afirmación de que no se debe disparar para matar a alguien que está huyendo y que no representa una amenaza inmediata es fundamental en términos de respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.
En cuanto a la criminalización de la protesta social, es un tema delicado que generó debates. Es importante garantizar el derecho a la manifestación pacífica, indicó y destacó que se deben evitar que las medidas represivas se utilicen como herramientas para silenciar la disidencia política o social.
Por otro lado, la preocupación sobre las medidas económicas y sociales impopulares y su posible efecto en la generación de protestas es realista. En definitiva, subrayó Torremare, “el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, así como la protección de los derechos humanos y la garantía del derecho a la protesta, son cuestiones centrales en la construcción de una sociedad democrática y justa. Es responsabilidad de todos los actores involucrados, incluidos los funcionarios públicos, garantizar que se respeten estos principios fundamentales”.
“Lo que hay que pedirle a la fuerza de seguridad es la amplia, máxima prudencia posible, sin duda”, aseguró el referente de la Asamblea y lamentó que “los funcionarios, encabezados por Patricia Bullrich, que es quien le pone el cuerpo y la cara a esta propuesta que pretende agradar a un sector de la población, defienden esto con el pretexto de cuidar a quienes cuidan a la sociedad”.
En ese marco, afirmó que son protocolos que engañan a las fuerzas de seguridad, porque “no tienen entidad para reformar el Código Penal, que es la norma que las fuerzas de seguridad deben conocer y respetar”, y aseguró que “si un policía mañana, envalentonado por estas expresiones de Patricia Bullrich, le dispara por la espalda a un supuesto delincuente que está huyendo, para la justicia eso es un delito”.
Torremare finalizó expresando que “ese miembro de la fuerza de seguridad va a ser enjuiciado y condenado, como pasó con el caso Rafael Nahuel, que esta ministra defendió y fueron condenados por abuso. Las fuerzas de seguridad se tienen que negar aplicar estos protocolos y ser, primero, prudentes y luego, utilizar este principio de proporcionalidad”.
Los efectos de la decisión se verán con el correr de los meses, pero sin dudas, si se tienen en cuenta los antecedentes, es un accionar que no será gratuito y que tendrá repercusiones en las calles, ya sea en hechos delictivos como en el amedrentamiento de las protestas legítimas. Los organismos, por su parte, esperan una reconsideración por parte de las fuerzas y que analicen el enorme costo que la medida puede tener.
