El fiscal Andrés Madrea, que lleva adelante la causa por la muerte de la médica Mariana Filgueira Risso, fallecida el seis de diciembre último al caer de una moto, citó a declarar a los pasajeros del micro de la Línea 118 cuyo chofer está acusado de ser el que la atropelló, a los que ubicó por medio de la base de datos de la Tarjeta SUBE.
El chofer, Diego Esteban Brunetta, está imputado hasta ahora por homicidio culposo por atropellar el seis de diciembre último a la joven, que conducía una moto por la Avenida Las Heras, en las cercanías del Jardín Botánico. Cuando ocurrió el accidente, el chofer les ordenó a sus pasajeros que bajaran del vehículo y luego se retiró subrepticiamente del lugar en el colectivo, dejándolos varados en el lugar.
Brunetta se presentó posteriormente en la Comisaría 23ª, cuando ya las autoridades lo estaban buscando, adonde alegó que la joven cayó de su moto al morder un antigua vía de tranvías, mientras transitaba a unos 20 metros por delante de su vehículo. Un testigo que se presentó espontáneamente reafirmó el argumento del colectivero, razón por la que el juez citó a los pasajeros.
SUBE, a la Justicia
En al menos dos casos anteriores, los funcionarios utilizaron la base de datos para avanzar en sus investigaciones judiciales.
El más emblemático es el del crimen de Ángeles Rawson, en el que la fiscal Paula Asaro investigó la tarjeta de la empleada doméstica de la familia de la joven, para estar segura del horario en el que había llegado a la casa y saber si esto había ocurrido dentro del horario del asesinato.
El segundo caso es del crimen de la joven Araceli Ramos, cuya tarjeta SUBE fue analizada por el fiscal Enrique Velazco Cerviño para saber si había concurrido a la casa en la que se consumó el crimen. Así se supo que la niña fue desde su casa, en Loma Hermosa hasta Caseros y luego hasta Caseros, adonde el ex prefecto Walter Vinader la habría matado.
Una derivación inesperada
Según los datos oficiales, existen 15 millones de tarjetas SUBE, de las cuales 11 millones se utilizan con frecuencia. Los lectores de estos plásticos están instalados en 18 mil unidades, en 340 líneas de colectivos.
La base de datos en la que quedan grabados los datos de la utilización de las tarjetas se convirtió en una valiosa herramienta para buscar indicios en muchas investigaciones judiciales, lo cual fue considerado como “una circunstancia no contemplada” por las autoridades.
