La causa conocida como el “Vacunatorio Vip” planteó un nuevo escenario en los últimos días. Es que cambiaron los jueces que tendrán que revisar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti sobre el “archivo parcial” de la investigación, justo en momentos en que el fiscal Eduardo Taiano resolvió que tampoco cometieron delito los padres de la ministra de Salud Carla Vizzoti, quienes recibieron su dosis de la vacuna Sputnik V un día antes de que estalle el escándalo que impulsó este expediente.
Hasta la semana pasada eran los jueces de la Sala II Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico los que iban a revisar el fallo de Capuchetti frente a la apelación presentada por el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez. Sin embargo, según confirma Infobae, ahora será analizado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La jueza había dicho que no existió delito porque 65 de las 70 personas vacunadas en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas “se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Resolución 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente” en la vacunación.
Hay que recordar que en el expediente aparecían desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini (y su esposa); el periodista Horacio Verbitsky; el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el canciller, Felipe Solá; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el diputado oficialista Eduardo Valdés; el flamante ministro de Defensa, Jorge Taiana -que cuando fue vacunado era senador-; y el ex ministro de Salud Ginés González García, entre otros. Todos ellos fueron inoculados con dosis de vacunas provistas por el Hospital Alejandro Posadas que depende del estado nacional y en su mayoría asentados en el registro como “personal de salud”.
Pero el fiscal Rodríguez sostuvo que la vacunación para grupos prioritarios no era simultánea y que los vacunados VIP debieron esperar su turno como el resto de la población. También insistió en profundizar las medidas de prueba que incluyeran peritaje telefónico de los llamados de los imputados y el análisis de los mails de Vizzotti, González García, el ex jefe de Gabinete del ministerio de Salud, Lisandro Bonelli y Marcelo Guillé, imputado por la fiscalía.
Y reclamaron investigar también los mails de los actuales funcionarios del ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, secretario de Gestión Administrativa y Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del ministerio y los de Martín Sabignoso quien fuera secretario de Equidad en Salud en el equipo de González García.
En tanto que la investigación sobre los padres Vizotti, inicialmente enviados a la justicia de San Martin por la jueza Capuchetti, fue lo que generó la radicación de la competencia de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I, para resolver sobre el tema. Es que esa Sala resolvió que la denuncia contra los padres de la ministra debía investigarse en Comodoro Py, junto al resto de la causa sobre la administración de las vacunas.
Justo en ese contexto, el fiscal Eduardo Taiano, que no apeló el archivo parcial dispuesto por la jueza, entendió que tampoco existió delito cuando Carlos Alberto Vizzotti, médico retirado de 77 años, y su esposa Silvia Manteca Acosta, ama de casa de 74, habían recibido la vacuna el 18 de febrero en una escuela de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.
Según pudo saber Infobae, el fiscal pidió desestimar la investigación por entender que ambos pertenecían a la “población objetivo” y estaban “debidamente inscriptos en el plan de vacunación” de la provincia de Buenos Aires. A su juicio, “no se vislumbran” irregularidades en el caso de los padres de la ministra.
El fiscal también tiene a su estudio otra denuncia: el pedido de los denunciantes Yamil Santoro y Rodrigo Forlenza, del grupo Republicanos Unidos, para que se analice –a la luz de las revelaciones sobre el ingreso y egreso a la residencia de Olivos durante el ASPO- si funcionó en la quinta “un vacunatorio vip”.
Según se sostuvo en la denuncia, el 11 de febrero pasado ingresaron a la Quinta Presidencial tres personas que fueron registradas como “Hospital Posadas”. Una de ellas es la enfermera que vacunó al presidente Alberto Fernández. Otro es Alberto Maceira, director del nosocomio quien ya declaró por la causa. Dice la denuncia que allí permanecieron más de tres horas. “Este dato no es menor ya que ese mismo día estuvieron presentes varios de los vacunados vip que fueron informados por el ministerio de Salud de la Nación al estallar el escándalo”, afirmó la denuncia.
Lo que se sabe es que ese día Alberto Fernández recibió la segunda dosis de la Sputnik V. La información se conoció cuando el presidente presentó síntomas de Covid, en el día de su cumpleaños en el 2021.
Mientras espera la revisión de su decisión, la jueza Capuchetti escuchó como testigo el periodista Gabriel Michi, que había recibido la vacuna y que no se encontraba dentro de los tres grupos habilitados (personal de salud, personal estratégico o personas mayores de 60 años). El periodista confirmó las explicaciones públicas que había dado cuando se conoció su nombre dentro de los vacunados, a raíz de un viaje que tenía realizar.
Aún no fueron convocadas las hijas del ex presidente Eduardo Duhalde que tampoco cumplían las condiciones previstas, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Las hijas de Duhalde recibieron su dosis vacunaron a su padre y su madre en su casa cuando eran pocos argentinos los que podían acceder a la vacunación.
A la vez, Capuchetti avanza con la investigación sobre las vacunas asignadas al Posadas que fueron enviadas a Calafate y con un listado de más de 350 personas que fueron reportadas por el fiscal Rodríguez antes de que firmara el fallo en donde decidió el archivo parcial de las actuaciones que ahora deberá revisar la Cámara. Según una primera barrida de esos listados hecho por el área de Jurídicos del Ministerio de Salud, se habrían detectado seis irregularidades en errores de carga, pero el juzgado se encuentra cotejando esa información.