El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución (4821-D-2024), en el que reclama el cese de la intromisión del gobierno en la Universidad de las Madres (UNMa) y repudia la decisión de impedir a través del accionar policial el ingreso de estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa).
La sede educativa, ubicada en la calle Defensa 119, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue cercada desde la mañana hasta las 16 horas. Durante ese período, personal docente y no docente se vio impedido de moverse en el edificio y la rectora Cristina Caamaño quedó encerrada.
Valdés señaló la gravedad de este hecho: “El accionar de la Policía Federal por indicación del gobierno, constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la autonomía universitaria consagrada en la reforma constitucional de 1994”.
En este sentido sostuvo: “Los acontecimientos del lunes dan cuenta de un ataque más a las universidades públicas a las que se las priva de presupuesto”.
En diciembre de 2023, el Ejecutivo Nacional había dispuesto la suspensión del presupuesto de la UNMa, suspendiendo el pago de los sueldos docentes y no docentes y afectando a más de 300 familias, bajo el argumento de que la casa de altos estudios era “un caos administrativo”.
La Universidad de las Madres al momento no recibió su presupuesto y el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal rechazó una medida cautelar de la UNMa contra el Ministerio de Capital Humano, en el que había solicitado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se haga efectiva la transferencia de más de 556.000 millones de pesos del presupuesto nacional.
Los hechos
La Universidad de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) alertó el lunes 2 de septiembre sobre la presencia policial en la entrada al establecimiento educativo con una orden que impedía el ingreso de alumnos y docentes.
Según precisó la rectora Cristina Caamaño, se trataba de un mail del nuevo interventor de la universidad, Eduardo Luis Maurizzio, designado por el Ministerio de Capital Humano (que conduce Sandra Pettovello) en donde se ordenaba que nadie ingresara.
“Este es un edificio de la Procuración del Tesoro, entonces hay siempre un policía. Cuando llego, me dice que no puedo entrar, y saca la impresión de un mail de ‘gmail’, ni siquiera un mail oficial, donde el interventor nombrado por el gobierno de Milei dice que no deje ingresar a nadie. Le dije que era rectora, y no me dejaba entrar, hasta que finalmente se corrieron y pudimos entrar”, contó Caamaño a los medios.
Ante esto, agregó que la intervención, que incluyó su desplazamiento como rectora, sumado a el accionar policial, se trató de un acto ilegal de parte del gobierno, y que busca cerrar las universidades públicas.
“La gente de Capital Humano no quiere a la universidad porque son negacionistas, lo que más odian son los Derechos Humanos y las universidades públicas”, acusó.
