Esta condena fue impuesta en diciembre de 2022 por el Tribunal Federal N° 2, que la halló culpable de administración fraudulenta en detrimento de la administración pública, al haber dirigido contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. La expresidenta solicitó a la Corte Suprema que revise la sentencia, la anule y declare su absolución.
En su documento, la exmandataria afirmó que su derecho a la defensa fue vulnerado de diversas maneras. “No se cumplieron las reglas básicas del sistema acusatorio que rige en el ámbito penal; se violó el principio de congruencia; se rechazó prueba esencial y pertinente para la resolución del caso; se obstaculizó el control de la prueba de cargo decisiva para fundamentar la condena y se ha transgredido el principio de cosa juzgada”, expone el texto.
La expresidenta lanzó una serie de críticas contundentes hacia los jueces y fiscales involucrados en el proceso, al que describió como lleno de “arbitrariedades” y “contradicciones” en diferentes partes de su exposición. Además, argumentó que las obras públicas bajo análisis fueron seleccionadas de manera arbitraria por la fiscalía, y afirmó que sus solicitudes para realizar nuevos peritajes fueron denegadas, al igual que otros intentos de fortalecer su defensa, como la solicitud para ampliar su declaración cuando se presentó la evidencia del supuesto plan “limpiar todo”, proveniente del teléfono de José López, el exsecretario de Obra Pública.
“Se ha vulnerado el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales, así como el deber de objetividad que corresponde al Ministerio Público Fiscal”, declaró en el documento, firmado por su abogado en este caso, Carlos Alberto Beraldi. “El fiscal ad hoc que participó en la fase de instrucción (por Ignacio Mahiques) es hermano de quien, en ese momento, ocupaba el cargo de Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (por Juan Bautista Mahiques); la esposa del Dr. Ercolini, mientras él cumplía su rol como juez instructor, trabajaba como asesora del mencionado Ministerio, que actúa como querellante en la causa a través de la OA”, indica el escrito.
“El fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu formaban un equipo de fútbol llamado La Liverpool, que llevaba a cabo sus prácticas en una finca del entonces Presidente Macri; los jueces [Jorge] Gorini y Giménez Uriburu se reunieron con la Lic. Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que había sido propuesta como testigo en este proceso”, añade.
Y continúa: “El fiscal Mola acudió a la Casa de Gobierno y a la sede de la AFI en múltiples ocasiones; el juez Ercolini realizó el viaje mencionado hacia Lago Escondido; los jueces [Gustavo] Hornos y [Mariano] Borinsky sostuvieron encuentros frecuentes con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos, sin que existieran razones oficiales que lo justificaran”.
En el alegato de Luciani, donde el fiscal solicitó 12 años de prisión –una posición que su colega Mario Villar reafirmó hoy ante la Casación– se dedicó un apartado especial a este tema: “Tuvo características casi cinematográficas, no solo por su presentación y la forma en que fue leído, sino también por estar lleno de adjetivos totalmente innecesarios, fuera de lugar, propios de discursos que incitan al odio en contextos extrajudiciales”, observó. “Es imposible ignorar el intento de magnicidio que sufrió CFK, ocurrido apenas diez días después de que los fiscales finalizaran su intervención”, añadió.
Además, la expresidenta se desvinculó de cualquier responsabilidad sobre lo que podría haber sucedido con la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “Se le ha imputado el quebranto de deberes que ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni ninguna otra normativa le imponían, violando así el principio de legalidad sustantiva”, indica el texto. “La AGVP es un organismo que opera dentro de la provincia de Santa Cruz, respecto del cual, de acuerdo con los principios de autonomía establecidos en la Constitución Nacional (art. 5), el Poder Ejecutivo Nacional no ejerce dirección ni control alguno”, se añade.
Uno de los argumentos clave en la defensa de Cristina Kirchner es que no es el Presidente, sino el jefe de Gabinete quien tiene la responsabilidad sobre la obra pública. “El art. 100 de la Constitución Nacional asigna al Jefe de Gabinete la administración general del país (inc. 1) y la ejecución de la ley de presupuesto nacional (inc. 7), permitiéndole dictar las normativas reglamentarias necesarias (ley 26.124). Estas son competencias constitucionalmente asignadas que están directamente relacionadas con las cuestiones pertinentes a este caso”, expone el texto, que añade que ninguna de las declaraciones testimoniales de los jefes de gabinete entre 2003 y 2015 (Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich) sugirió algún tipo de “interferencia por parte de CFK”.
La exmandataria reforzó este argumento apoyándose en el propio fallo de la Casación, que confirmó la absolución del exministro de Planificación Julio de Vido. “El criterio normativo utilizado para argumentar el carácter típico de la conducta de CFK es refutado en la propia sentencia dictada por la CFCP al resolver la situación de otros enjuiciados”, sostiene.