La legisladora del Frente para la Victoria (FdT) y candidata en las PASO a renovar su banca, Victoria Montenegro, y la secretaria general de Ammar Georgina Orellano realizaron una reunión abierta para impulsar la derogación el artículo 96 (ex 86) del Código Contravencional de CABA que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública y habilita a la policía de la Ciudad para hostigar a los trabajadores sexuales.
Del evento también participaron Marcela Millán, Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, el CELS y Amnesty Internacional.
Montenegro ha presentado un proyecto de ley planteando la inmediata derogación de este artículo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que “no se puede sostener una legislación que desconoce el principio de no discriminación. Hay que terminar con las prácticas violentas que estigmatizan y discriminan por parte de los agentes estatales a este colectivo. Garantizar los derechos no tiene que ser una opción en un Estado de Derecho”.
Por su parte Orellano, de AMMAR Nacional, señaló que “el año pasado en el contexto de pandemia la violencia policial hacia las trabajadoras sexuales fue una de las prácticas que más se incrementó. Esto quedó registrado no sólo en lo que denunciamos de manera cotidiana desde Ammar sino también en los datos que tiene el Ministerio Público Fiscal. Nuestro trabajo no es un delito pero muchas veces la policía nos dice que sí lo es cuando labran actas a las compañeras. Para nosotras es urgente derogar el artículo 96 porque nadie puede estar a favor de la clandestinidad, el cobro de coimas y la violencia institucional”.
El artículo 86 (ex 81) que se propone derogar establece que “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”.
En el contexto de pandemia esta problemática se agudizó. En el barrio de Constitución, una de las principales zonas de trabajo sexual callejero de la Ciudad, las contravenciones hacia trabajadorxs sexuales casi se triplicaron. Según datos del Ministerio Público Fiscal de CABA, en el 2019 hubo 175 contravenciones por supuesta infracción al art. 96 y en el 2020 la cifra ascendió a 458.
Según el informe “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales”, realizado por AMMAR y la RedTraSex en el 2016, de 363 trabajadoras sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad. En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes.
