La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel reclamó -posiblemente sin pretensiones de ser escuchada- que “todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”. Lo hizo en un acto realizado en el Senado el 27 de agosto pasado, en el que se conmemora el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, una fecha que fue instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2017.
La causa de esta exigencia extemporánea de la vicepresidenta, a todas luces inútil, ya que la Justicia se expidió en variadas oportunidades de manera contraria a su planteo, responde a la sangrienta interna en la que cotidianamente se azotan entre sí diferentes facciones de La Libertad Avanza, que reúne -pero no une- a hordas liberales, nazionalistas, anarquistas austríacos y reaccionarias de variada laya.
Villarruel no fue finalmente, a fines del año pasado, la demiurga de la defensa y la seguridad, materias que les fueron adjudicadas a los “enemigos” de LLA, Patricia Bullrich y Luis Petri, recluyendo de esta manera a la aspirante a gerenciar los uniformes en el Senado. Desde esta trinchera legislativa, ella encabeza una hipotética resistencia, negándose a ser una vocera sin voz propia de las operaciones que se le piden desde la Casa Rosada y armando su propia agenda, cuya visibilización exige palabras altisonantes y juicios de valor concluyentes, aunque de escaso peso político.
Si sus planteos no aparecen en las primeras planas y en el horario central de los noticieros, Villarruel siente que está circundando el fracaso, por lo que debe jugar fuerte. Abrazarse lagrimeando con Claudia Rucci, que fue una víctima verdadera de la violencia de los ’70, es una foto que conmueve. Esta contundencia oficia como un antídoto contra la traición de Milei, que no libera a los genocidas presos como lo había prometido.
El periodista y aspirante a candidato del peronismo Santiago Cúneo acusó recientemente a la vicepresidenta de ser un instrumento político de Alfredo Astiz, uno de los mejores secuestradores que alumbró la heroica marina de guerra argentina, que raptaba monjas, familiares de desaparecidos, adolescentes y maestras y luego las asesinaba. Heroicamente, por supuesto.
Astiz habría sido el autor de la idea de poner por delante, ya no sus antoguas “hazañas” delictivas (el secuestro es un delito federal), sino a las víctimas de las acciones armadas de las organizaciones guerrilleras de los ’70.
En realidad, la venganza de Villarruel se centra en tres causas, que han tenido un camino accidentado en el seno de la Justicia. La primera es el atentado que culminó con la muerte del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Luego, pretende resucitar la causa del atentado contra el comedor de Coordinación Federal, la policía política de aquellos tiempos y, finalmente, fogoneará la causa del secuestro del mayor Julio Larrabure, un militar que murió bajo cautiverio del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se lo había llevado de la fábrica militar de Villa María, en Córdoba. Los dos primeros atentados fueron obra de la organización guerrillera peronista Montoneros.
En su alocución, Villarruel se felicitó porque “que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país cuando desde el Estado se ensalzaban, vanagloriaban y elevaban los crímenes atroces del terrorismo”.
“Argentina merece no ser un nido de impunidad y para eso hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación”, acusó la vicepresidenta.
Asumiendo el papel de reivindicadora, la vicepresidenta expresó que “fuimos unos pequeños David frente a los Goliath, que tenían todo el poder estatal para garantizarse impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos”.
La fundamentación
Las razones que invoca la vicepresidenta para exigir que se reabran las causas que involucraron a los guerrilleros de los ’70 son motivo de discusiones bizantinas. Villarruel se propone solicitar la reapertura -porque ella pertenece al Poder Legislativo, que no puede reabrir ninguna causa- de los juicios, basándose en el Estatuto de Roma, que provee a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la doctrina por la que ésta condena en casos de Genocidio, Crímenes de Lesa humanidad, Crímenes de Guerra y el Crimen de Agresión de un país contra otro.
Uno de los requisitos que exige el Estatuto de Roma es la Irretroactividad ratione personae, es decir que la CPI no puede juzgar delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1° de julio de 2002 y la Corte Penal Internacional fue creada a partir de este hecho. La CPI emitió sus primeras órdenes de arresto el ocho de julio de 2005. Mal podría ser aplicado el Estatuto por los crímenes cometidos en Argentina unos 25 años antes.
En nuestro país, el Estatuto de Roma fue aprobado por la Ley 25.390, el 16 de enero de 2001. Para la ONU, “los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid”, ninguno de los cuales puede ser adjudicado a las guerrillas argentinas, aunque sí formaron parte del accionar de las fuerzas armadas, que operaron en la ilegalidad y asesinaron a miles de mujeres, hombres y hasta niños de menos de 15 años.
Sólo dos muestras de tamaña crueldad: el asesinato del niño Floreal Avellaneda, de 14 años, que apareció en la costa del Río de la Plata en Colonia del Sacramento (Uruguay), con rastros de una tortura salvaje y la muerte de la familia de Roberto Lanuscou, que fue asesinado junto a su esposa y dos de sus hijos en una casa desde la que resistían su arresto. Los Lanuscou fueron inhumados en el cementerio de Boulogne. El parte de guerra decía que en el enfrentamiento -que duró cinco horas-, “finalizada la acción, se comprobó que en el interior del edificio existían cinco delincuentes muertos”. Años después se encontraron los cuerpos de Lanuscou, su esposa Bárbara Miranda y sus hijos Roberto y Bárbara. Su hija menor, Matilde, de seis meses, no estaba en el féretro. Desde entonces, permanece desaparecida.
La esperanza del equipo de colaboradores de Villarruel es que se tipifiquen como delitos de lesa humanidad a los casos de la muerte de Rucci, Larrabure y los muertos en Coordinación Federal. Hasta ahora, la Justicia se negó a considerar esta posibilidad.
El juicio por la muerte de Larrabure permanece en la Corte Suprema, a causa de una apelación de su hijo. El caso Rucci, por su parte, está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, de Ariel Lijo, que aguarda con impaciencia su designación como juez de la Corte Suprema. El caso Coordinación Federal está siendo tratado por la Cámara Federal porteña, que le ordenó en 2022 a la jueza María Romilda Servini de Cubría que reabriera la causa, alegando que no había tenido en cuenta los argumentos de los abogados de militares acusados de crímenes de lesa humanidad que se lo habían solicitado.
En septiembre de 2023, la jueza volvió a rechazar la reapertura de la causa, en un fallo que insumió 25 páginas, en el que planteó que la imprescriptibilidad de los hechos poseía “firmeza de cosa juzgada”, a la vez que “la discusión acerca de la calificación de los delitos investigados se encuentra agotada”. Como dato adicional, el policía de 21 años José María Salgado, que fue el que puso la bomba, no fue detenido, ni juzgado, ni preso. Murió despedazado por la tortura en una mazmorra de la ESMA.
En cuanto a las afirmaciones de la vicepresidenta acerca de que quiere ver a los montoneros presos, alguien se le anticipó. Ninguno de los autores de estos atentados está vivo. Todos ellos fueron muertos o desaparecidos. Por otra parte, la mayoría de los exmontoneros y exmiembros del ERP que están vivos cargan con varios años de prisión en sus espaldas.
Y será bueno recordar que los aviadores que bombardearon la Plaza de Mayo y la Residencia Presidencial en 1955 nunca pagaron sus crímenes. Tampoco lo hicieron los fusiladores de José León Suárez, ni los asesinos de Felipe Vallese.
¿Lesa humanidad?
Para que un crimen sea considerado de lesa humanidad, sus autores deben ser miembros de una fuerza armada estatal o paraestatal. Lo que lo vuelve lesivo para la humanidad es la impunidad que les da a los asesinos la protección del Estado para con sus crímenes.
Los civiles que luchaban por mejorar las condiciones de vida de sus semejantes encontraron un cruel fin a manos de soldados profesionales, entrenados en contrainsurgencia en escuelas norteamericanas y francesas, expertos en el arte de la electricidad, en las golpizas contra presos atados de pies y manos y en el arrojamiento de esos militantes dopados, desde aviones comprados y mantenidos por el Estado Argentino.
Y es casi infantil la acusación acerca de quién “ensangrentó a la Nación”, justo de parte de quienes asesinaron a casi todos los opositores a su Gobierno, porque la inmensa mayoría de los desaparecidos no eran civiles armados, sólo militantes que buscaban un mundo mejor. Igual que los jubilados que fueron apaleados en la tarde de este miércoles cuatro de septiembre, cuando estas líneas estaban siendo escritas.
Hay una asimetría -y también una coherencia- allí. ¿Querrán liberar a los genocidas para salgan a la calle nuevamente y procedan a enseñar sus antiguos métodos a las nuevas generaciones de militares y policías? El problema es que no existen noticias de que haya existido jamás un ajuste en el que no haya habido palos y disparos.
