De nuevo a puertas cerradas, los seis miembros del Tribunal tienen previsto reunirse para intentar salir del pantano en el que quedaron con la renuncia de la representante de la Defensoría Pública en el jury, María Cristina Martínez Córdoba.
Por su parte, la defensa está reclamando ahora que su cliente vuelva a su puesto y amenaza con llevar la pelea a los estrados judiciales algo que, de alguna manera, haría llegar a esa fecha sin una resolución definitiva.
El debate estriba en si debe asumir el suplente Leandro Miño, que no estuvo presente en las audiencias y fue recusado por la fiscalía que acusa a Campagnoli, o Nicolás Toselli, de los tribunales de La Plata elegido de apuro frente a esta situación.
Campagnoli estaba a cargo de la fiscalía de Saavedra y Núñez, mientras subrogaba la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) y la fiscalía 10, donde se tramitaba una denuncia por extorsión contra Federico Elaskar (a cargo de la financiera SGI conocida como “La Rosadita”.
Y reflotó esa vieja causa por extorsión y avanzó sobre sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez en lo que, supuestamente, fue la ruta a paraísos fiscales para enviar activos no declarados al exterior.
Por disposición de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, Campagnoli fue apartado de la subrogancia de la fiscalía 10 mientras se recibían denuncias contra el funcionario y se abrían sumarios para investigarlo.
A mediados de junio, el fiscal comenzó a ser enjuiciado en un proceso en donde se debatía si se había inmiscuido en una causa que no le correspondía, si había aportado información a la prensa y si se había sublevado contra la procuradora.
