El director general y legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro; y el jefe del equipo legal de la Fundación Apolo, José Magioncalda, presentaron un reclamo administrativo a la presidencia del Senado de la Nación solicitando la inmediata remoción del busto de la ex Presidenta María Estela Martínez de Perón (también conocida como “Isabelita”) recientemente instalado.
En declaraciones al programa “TN en Domingo”, Santoro argumentó que el reciente homenaje no solo es inapropiado por las acusaciones pendientes contra Martínez de Perón, sino que también contraviene el Decreto/Ley 5158, que prohíbe rendir honores a personas vivientes con monumentos o estatuas.
Esta norma establece en su artículo 3°: “Prohíbese a los poderes del Estado nacional, provincial o municipal, rendir homenaje a personas vivientes con estatuas o monumentos o mediante la designación con sus nombres de divisiones territoriales o políticas, calles, plazas, y en general otros lugares y bienes públicos o privados. Tampoco podrán utilizarse dichos nombres para individualizar disposiciones legales o administrativas de ninguna índole.”
Sobre la exmandataria, el reclamo de la Fundación detalla que, además de haber sido acusada de delitos de lesa humanidad, incumple con los requisitos establecidos por la Ley 24.018 para recibir una pensión vitalicia presidencial, que exige la residencia en el país, condición que no cumple desde hace años. Por otra parte, el pedido de Apolo destaca que Martínez de Perón ha evitado regresar a Argentina para responder ante la justicia por su presunta participación en la organización conocida como la Triple A, responsable de crímenes cometidos entre 1973 y 1975 bajo su presidencia. Además, el documento señala que “Isabelita” fue objeto de una orden de captura internacional emitida en 2007 por la justicia argentina, que la acusa de haber firmado decretos clave que habilitaron la represión ilegal contra opositores.
El reclamo finaliza con la advertencia de que, de no proceder a la remoción del busto, se iniciarán las acciones judiciales correspondientes
