El fondo inglés Budford, que tiene a su favor el fallo de u$s16.000 millones realizado por la jueza neoyorquina Loretta Preska en la causa por expropiación de YPF realizada en 2012, planearía embargar activos de Aerolíneas, el Banco Central y Banco Nación, según versiones periodísticas.
El diario Financial Times, uno de los más influyentes del mundo, aseguró que el principal argumento del fondo inglés para embargar los activos es que tanto Aerolíneas como el Banco Central y Banco Nación funcionan como un “alter ego”: prolongaciones del Estado argentino que, por ende, podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante.
Los abogados de Budford, según lo consignado por el medio internacional, indican que las empresas argentinas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado. Ese factor convertiría a las entidades como propiedad del Estado e “indistinguibles de él”.
En diversas presentaciones realizadas en las cortes, los abogados argentinos negaron que se tratasen de organismos con carácter “alter ego” y que la Justicia de Estados Unidos ya los calificó como “operacionalmente separados del Estado”.
A principios de año, la compañía de fondos inglesa le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.
La solicitud se sustentaba en ese entonces en el incumplimiento del fallo que obliga al país a abonar US$ 16.100 millones por la expropiación. Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la Justicia falla a favor del fondo.
Burford había solicitado incluso días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. En ese momento, el gobierno argentino solicitó que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.
El Gobierno presentó en febrero de este año ante los tribunales de Nueva York los documentos de apelación del fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar una indemnización de u$s16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.
El 11 de octubre último, Argentina notificó a la justicia neoyorquina su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido en septiembre por Preska que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Burford Capital había adquirido los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias. Petersen Energía, de la familia Eskenazi, había comprado el 25,4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011.
