El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió que citen a declarar en la Justicia a los técnicos del FMI que hicieron la primera revisión del crédito entregado a Macri. El planteo fue realizado ante la jueza María Eugenia Capuchetti en los últimos días de diciembre.
Se trata de convocar a los funcionarios del FMI que estuvieron en la Argentina entre el 13 y el 22 de agosto de 2018. La misión fue encabezada por Roberto Cardarelli, secundado por Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune.
Pero además otro punto sobre el que está avanzando la jueza Capuchetti, a solicitud del fiscal Franco Picardi, es intentar establecer quiénes fueron los destinatarios finales, ya sea personas físicas o jurídicas, que compraron la mayor cantidad de títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quiénes desarmaron esas posiciones en pesos desde 2018 y finales de 2019.
Según fuentes consultadas por Infobae, la jueza ya mandó oficios a la Comisión Nacional de Valores para que se remita el detalle de los fondos institucionales o fondos comunes de inversión y de las personas físicas y jurídicas que accedieron a esos títulos.
Como respuesta, la CNV le pidió más precisiones, pero el juzgado ya levantó el secreto bursátil y le insistió en que mande la información completa.
Las mismas fuentes consultadas explicaron: “En este tipo de operaciones hay muchos intermediarios, entidades financieras, pero acá lo que se busca saber es quiénes fueron los destinatarios finales, físicos y jurídicos, que adquirieron bonos y los liquidaron en estos cuatro años del gobierno de Macri”.
En el expediente están imputados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública el ex presidente Macri, los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
Todo se remonta a la decisión del Gobierno de Macri que en mayo de 2018 anunció públicamente su intención de acudir al FMI, luego de una semana en donde el peso había perdido un 15% de valor, las tasas de interés subieron al 40% y el Banco Central destinaba casi US$5.000 millones de sus reservas en un intento de contener al dólar. El FMI decidió darle a la Argentina el préstamo más alto de su historia por unos 57 millones de dólares. Los desembolsos del organismo alcanzaron los US$44.149 millones. La última entregar más de 5 mil millones de dólares iban a entregarse en septiembre de 2019, pero el dinero nunca llegó después de las PASO.
El crédito solicitado al FMI fue un acuerdo que nunca pasó por el Congreso. De hecho hubo una denuncia en Comodoro Py que impulsaron los economistas Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por esa razón y el fallecido fiscal Jorge Di Lello imputó a Macri y a varios ministros, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el expresidente del Banco Central Luis Caputo. El juez federal Julián Ercolini entendió que no había existido delito. Cuando Di Lello buscó que el caso llegara a la Cámara Federal, el entonces fiscal de Cámara Germán Moldes no sostuvo el recurso y aseguró: “Esta Justicia Federal está atestada de denuncias y contradenuncias, sin más horizonte aparente que la primera plana del diario de mañana”.
En 2019, la Fundación de Cambio Climático volvió a denunciar el acuerdo con el FMI y se abrió una denuncia en Comodoro Py en el juzgado de Capuchetti. A esa causa se sumó la denuncia que decidió impulsar el presidente Fernández en marzo de este año, según lo anunció en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. Fue la OA la que formalizó la denuncia contra Macri y sus funcionarios.
Ahora, la Procuración solicitó llamar a declarar como testigos a los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del préstamo otorgado al gobierno de Cambiemos.
De acuerdo al documento oficial del FMI al que accedió Infobae que ya se incorporó a la causa, los técnicos reportan allí a lo largo de 113 páginas la primera evaluación de lo que había sucedido con el primer desembolso del dinero, y sostiene que eran “condiciones de mercado turbulentas, una disminución de la actividad más fuerte de lo esperado y la incapacidad del banco central para anclar las expectativas de inflación”.
Los técnicos a los que quiere escuchar como testigos Zannini reportaron en el punto sobre el “rendimiento del programa” que “se cumplieron todos los criterios de desempeño y el punto de referencia estructural para fines de junio. Sin embargo, el deterioro de las condiciones del mercado ha significado que (i) la inflación ha superado la banda interna desde fines de junio (que requiere consulta al personal) y la banda externa a fines de septiembre (que requiere consulta con el Directorio Ejecutivo); (ii) las reservas internacionales netas (TIN) están por debajo de los criterios de desempeño de fines de septiembre; (iii) los forwards no entregables (NDF) están por encima del objetivo de fines de septiembre; y (iv) no se cumplió la meta de reducción del crédito neto al gobierno (GNC) para fines de septiembre”.
A la causa ya se adjuntó también el último pedido del fiscal Picardi: el detalle del último informe del organismo internacional en el que, con tono autocrítico, se cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018.
Allí se sostuvo que el gobierno de Macri “abrió rápidamente la cuenta capital y los préstamos en el extranjero, al tiempo que adoptó un enfoque gradual para enfrentar los desequilibrios, en particular el déficit fiscal, preparando el escenario para un ‘sudden stop’ y un pedido de Stand By”
Cuando en febrero se reactive la actividad judicial, Capuchetti deberá evaluar si hace lugar al pedido de Zannini para citar como testigos -en declaraciones que podrían registrarse por zoom- a los técnicos del FMI para que reporten en la causa qué vieron cuando evaluaron el primer tramo del préstamo entregado a Macri.