Ofensiva de LLA contra la jueza que frenó el régimen juvenil en PBA
El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y diputado nacional, Sebastián Pareja, anticipó que el espacio promoverá el jury contra Pascual. El legislador apuntó directamente contra la magistrada y sostuvo que se trata de “una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”. Además, calificó su resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que el nuevo régimen atravesó el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
La ofensiva oficialista se da en medio de una creciente disputa entre la Nación, el gobierno de Axel Kicillof y distintos sectores de la Justicia bonaerense. El presidente del bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Curestis, afirmó que la cautelar implica que la Justicia “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes”, mientras que el titular del bloque libertario en Diputados, Juan Osaba, calificó la decisión como un “fallo político” y sostuvo que deja sin respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores.
Pascual había dispuesto la suspensión luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de su libertad. La magistrada no declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, sino que fundamentó la medida en la falta de infraestructura, lugares de alojamiento, recursos y personal especializado que, según su interpretación, serían necesarios para incorporar a adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal bonaerense.
El fallo también abrió una discusión dentro del propio Poder Judicial provincial. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la resolución no tendría alcance general y anticipó que continuará aplicando la nueva legislación en su jurisdicción. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó, al considerar que un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto, pero no dejarla sin efecto para toda la provincia.
La disputa política se profundizó además por las declaraciones de la propia Pascual, quien defendió públicamente los fundamentos de su resolución y cuestionó que la reforma pueda traducirse por sí sola en una mejora de la seguridad. La jueza aseguró que no rechaza la reducción de la edad de imputabilidad, pero advirtió sobre la necesidad de contar con dispositivos adecuados para su aplicación. En paralelo, el Gobierno nacional y sus principales referentes sostienen que la norma debe aplicarse y avanzan contra la decisión judicial, mientras la provincia reclama recursos e infraestructura para implementar el nuevo régimen.
