Los opuestos distorsionan la realidad y no sirven para contar los hechos. Y mucho menos para llegar a la verdad. Ponerse fanáticamente de un lado u otro no le sirve al periodista porque confunde lo sucedido y repite esa falsedad al público, desinformándolo. Si a eso se suman los intereses políticos, el desaguisado es completo. En el affaire Schoklender primó, en su mayoría, esa metodología de informar sobre las irregularidades cometidas por el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mazo, que lidera Hebe de Bonafini, cuando era uno de los principales laderos de ésta. Distanciándose de las posiciones antagónicas para poder poner en primer plano los hechos concretos, se puede señalar rápidamente que el escándalo afecta directamente al gobierno de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un tema crucial, ya que el manejo discrecional de fondos públicos siembra sospechas sobre un organismo de derechos humanos muy cercano a la administración K.
La Asociación de Hebe fue una de las más mimadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. A eso se suma el dato nada menor de que la imputación de corrupción roza a un organismo considerado impoluto por su trayectoria en contra de la última dictadura y en defensa de la memoria histórica. Por eso el asombro mayúsculo que provocó la denuncia, tiene en qué basarse. Las pruebas judiciales, que aumentan con el correr de los días, y las desafortunadas explicaciones de Schoklender instalaron en la sociedad una tibia certeza de que el abogado cometió irregularidades con el dinero que el Estado le dio en la época que representaba a las Madres. Ese razonamiento es el que utilizan algunos canallas para pegarle en forma espuria a Hebe, aunque no haya un sólo elemento en su contra y, por el contrario, se nota que fue una perjudicada más del accionar de su ex apoderado.
El escándalo también golpea al kirchnerismo en la Ciudad y nada menos que en plena campaña electoral por la Jefatura de Gobierno, ya que parte de la oposición sostiene que el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, hombre del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, era quien le entregaba el dinero de los subsidios a Schoklender, cuyo destino era la construcción de viviendas sociales, sin comprobar en qué se usaba efectivamente esa plata, y ello se debía, según los opositores, a que Fatala conocía los negocios del abogado. Al subsecretario de Obras Públicas se le pega por su cercanía al postulante K, Daniel Filmus. Y al senador nacional se lo critica por haber hecho una defensa cerrada de las Madres al opinar sobre la denuncia.
Hay un dato que le agrega una mayor preocupación al kirchnerismo, y es el que afirma que la data sobre los negociados del ex apoderado de las Madres la filtró un político cercano al oficialismo. Esta versión pone bajo la lupa al secretario general de la CGT, el camionero Hugo Moyano, como el operador de la movida, a causa de una silenciosa interna que mantenía con Schoklender por su voracidad política en el área social. Voracidad que iba acompañada por un creciente reclamo de más subsidios para las obras de las Madres. Esta versión inquieta a los más cercanos a la Presidenta. A través de Mauricio Macri, el PRO se expresó contra el manejo antojadizo que hace de los subsidios sociales el Gobierno nacional. Y después guardó silencio. Ante los intereses cruzados del caso, es necesario evitar las chicanas políticas y periodísticas, y atenerse a los hechos para descubrir la verdad y conocer cuales fueron las irregularidades cometidas por Schoklender, sin que esto manche en lo más mínimo la digna historia de las Madres de Plaza de Mayo.