Este martes, un recurso de amparo presentado por una ong (Pro Vida), detuvo la intervención para realizarse un aborto de una mujer víctima de una violación y de una red trata de personas. Dicha intervención se realizaría en el Hospital Ramos Mejía, de la Ciudad de Buenos Aires.
Condenamos el accionar de dicha organización, repudiamos su accionar violento, quienes utilizaron el escrache público, persecución en el hospital y por último y más aberrante, el pedido de intervención de la Justicia en desmedro del derecho de dicha mujer a decidir, obviando el proceso de secularización que da origen a los Estados. Una concepción religiosa no debe imponerse en el marco de lo judicial y sus leyes, ya que éstas deben ser claramente laicas.
Demás está decir que no sólo se ha cercenado el derecho a decidir de esta mujer, sino que no se contemplo, la violencia a la que fue sometida; amedrentándola no se hace más que agravar su padecer y su violencia (ya que apropiarse de la intencionalidad del otro es un acto violento). Esto no hace más que causar rechazo y repudio al accionar de los miembros de la ong, de parte de quienes nos manifestamos a favor del cumplimiento de los derechos personalísimos, los Derechos Humanos y toda Ley que vaya a favor de quitar restricciones y condicionamientos; al ser humano al momento de decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo.
Exigimos al Gobierno de la Ciudad dé pleno cumplimiento de la ley sancionada por la Legislatura que regula los procedimientos para abortos no punibles ya que de no hacerlo incurriría en una violación a los compromisos en materia de derechos y políticas públicas.