Este lunes 6, comienza el juicio oral y público por el crimen de Mariano Ferreyra, militante del PO, y por las graves heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes.
Por varios motivos, estamos ante un juicio crucial.
Desde el día del crimen hasta hoy, hemos insistido en que el asesinato de Mariano fue resultado de un plan criminal. Ninguna de sus piezas podría haber actuado sin el concurso de la otra.
Nos referimos, en primer lugar, a la dirección de la Unión Ferroviaria, que actuó en defensa del negocio de las tercerizaciones. A través, de él, miles de trabajadores cobraban como salario la mitad de lo que les correspondía de acuerdo al convenio ferroviario. En este conflicto, Pedraza y los suyos hacían las veces de empresarios: ellos mismos eran los titulares de las “cooperativas de trabajo” que lucraban con la precarización laboral.
En defensa de este negocio indigno, y de continuar ejerciendo su dictadura al interior del sindicato, Pedraza organizó la patota que terminó con la vida de Mariano.
Para permitir el accionar de los asesinos, la Policía Federal “liberó” la zona, permitiendo el ataque de la patota y, luego, su fuga del lugar de los hechos.
El tercer elemento de esta trama es el concesionario del ferrocarril privatizado –la empresa UGOFE, socia de la Unión Ferroviaria en los beneficios que emergían de la tercerización. En connivencia con la patota de Pedraza, UGOFE habilitó más de cien permisos laborales en favor de quienes conformaron el grupo agresor.
Es esta UGOFE -integrada por los grupos Cirigliano, Roggio y Romero la beneficiaria de un régimen de privatizaciones que malversó subsidios cuantiosos, ofreciendo como contrapartida un servicio ferroviario en ruinas, por un lado, y trabajadores precarizados, por el otro.
Es el mismo régimen que, dos años después del crimen de Mariano, condujo a otro crimen: el de 51 usuarios del ferrocarril Sarmiento, en la terminal de la Plaza Once.
Sus personeros continúan protegidos y en sus puestos: es el caso de Antonio Luna, subsecretario de transporte Ferroviario, que continúa en su cargo después de Mariano Ferreyra y de Once. Los responsables de la UGOFE no se encuentran imputados en la causa de Mariano.
La sociedad entre la burocracia de los sindicatos y los privatizadores sigue protegida desde el poder político.
El juicio oral y público pondrá de manifiesto todo este entramado.
Llegamos al juicio con responsables políticos e intelectuales del asesinato en prisión. Es una expresión de la enorme presión popular que ha despertado este crimen. La misma y –mayor fuerza aún– tendremos que desplegar para lograr la condena que les cabe a todos ellos –prisión perpetua–, en medio de numerosas maniobras jurídicas y políticas en pos de la impunidad.
Por caso: desde la cárcel, Pedraza ha volcado a la Unión Ferroviaria a la llamada CGT “Balcarce”. A cambio de sus servicios en favor de convertir a la central obrera en una mera agencia del gobierno, Pedraza pretende tramitar su absolución.
Vamos a una intensa campaña política, que ya estamos desplegando en las paredes y en las calles.
Si los culpables reciben la condena que merecen, estaremos abriendo una nueva etapa en la vida de nuestros sindicatos, y en el futuro de todos los que, como Mariano, aspiran a que los trabajadores y la juventud pueden abrazar una perspectiva política propia.
(*) Dirigente del Partido Obrero