La ley de protección del área cultural en la zona del Casco histórico de la ciudad puso el dedo en una herida no cerrada: la autonomía política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después que la Legislatura aprobara por unanimidad la Ley 954, surgió el cuestionamiento de las autoridades nacionales del transporte diciendo que ellos no sabían, no estaban enterados, del proyecto cuyo fin es impedir que los colectivos continúen produciendo daños, casi irreparables, en los edificios relacionados con el nacimiento de la metrópolis y del país.
Las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación siguen rigiendo sobre el destino del transporte en la ciudad porque todavía no finalizó el traspaso del poder de la Nación a la ciudad. Entonces, un funcionario nacional que debería estar velando sobre políticas que ayuden al desarrollo en toda la República, conserva la autoridad como para intervenir en los asuntos privativos del Gobierno de la Ciudad y de los legisladores porteños.
El caso del transporte, como se sabe no es el único tema en el que se observa la autonomía limitada de la Ciudad. También está el de la Policía Federal, razón, entre otras, por la cual no existe aquí una verdadera política de seguridad. No es el lugar éste para discutir en exclusividad si la administración de Aníbal Ibarra hizo lo suficiente para lograr el poder sobre la policía, pero sí se puede afirmar que la cuestión constituye un déficit objetivo de quienes gobiernan la principal urbe de la Argentina.
Ibarra no mostró suficiente voluntad política para definir el tema de alguna manera.
Lo de la policía es el asunto más destacado, porque afecta a la vida y a los bienes de las personas. Pero hay otros aspectos de la autonomía sin definirse, que, cuando se produce una discusión o se llega a una conclusión en la ciudad, llueven los cuestionamientos desde afuera que dejan abiertos los asuntos que deberían estar concluidos.
En el área de transporte está lo que sucede con los subterráneos, con líneas que en ningún caso traspasan otro ámbito jurisdiccional, no obstante lo cual la política de control la dicta la Secretaría de Transporte de la Nación.
Cuando desde la cabeza surge la ambigüedad, es lógico observar que en los estamentos inferiores aparezcan las dudas, cuando no las opiniones que realizan hacen pensar que responden a los sectores antes que a los ciudadanos.
Hubo comentarios relacionados con la creación del Area de Protección histórico-cultural que parecían hechas en nombre de un sector económico, restándole autoridad a los legisladores que votaron para que no se caigan las iglesias y otros edificios antiquísimos, esenciales de la argentinidad. En vez de cumplir con la ley sin dilaciones, que sería un paso adelante con la necesaria autonomía, daban la impresión de querer navegar en las aguas de la ambigüedad que gobiernan todavía algunos aspectos de la vida en la ciudad.
* Diputado de la Ciudad del Bloque Justicialista. Vicepresidente 2º de la Legislatura porteña.