El conflicto que envuelve por estos días a la Nación con la Ciudad está generado en un cien por ciento por la política, en la diversidad de pensamiento y aplicación de medidas económicas y, por qué no decirlo, en la especulación a futuro de los dos espacios –quizás junto al de Hermes Binner y el Frente Amplio Progresista– que más chances tienen en el imaginario electoral.
Desde un lugar sensato se puede pensar que en un país devastado como el que heredaron primero Eduardo Duhalde y luego su “delfín” Néstor Kirchner, la atención desde el Gobierno nacional a la situación del transporte en el área metropolitana haya justificado un inusual esfuerzo del Estado nacional y, por qué no decirlo, del resto de las provincias que lo componen, con una fuerte política de subsidios al sector con el fin de atender a los millones de usuarios que se mueven entre la Capital y el conurbano. También es posible afirmar que ante el cambio de situación operado tras estos años de viento de cola en términos de crecimiento económico y del PBI, es natural que un gobierno repiense la estrategia ante la posibilidad de crisis que se avecina no solo a nivel nacional sino en el tembladeral que es el mundo por estos tiempos. En ese caso, la idea de traspaso de determinados servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es de ninguna manera descabellada sino nada más que una decisión que encima tiene soporte constitucional desde las reformas a las cartas magnas de 1994 y 1996, en Nación y en Ciudad respectivamente.
Sobre lo que se discute de una manera casi irracional por estos días y ante la crispación de nervios de ambos gobiernos es el modo en que esto se debe llevar a cabo. Y hay algunas reflexiones que deberíamos atender al estudiar este caso. La Corte Suprema, organismo que debe abogar por la resolución de los conflictos interjurisdiccionales, si bien no se expresó oficialmente, lo hizo a través de uno de sus miembros más connotados, Eugenio Zaffaroni, quien le reclamó a la dirigencia política que con su accionar no judicializara un tema que le compete a ellos exclusivamente. Resignado luego, profetizó días más tarde que el tema llegará a la Corte inexorablemente pero que sería bueno aprender la lección para la próxima oportunidad.
El Gobierno nacional tiene ante este debate –más allá de lo que digan las pericias judiciales– por acción u omisión la desgracia de la responsabilidad política del hecho que desencadenó este conflicto. La sangre de muertos y heridos en la tragedia de Once es algo que superó la capacidad de maniobra habitual del elenco oficial y que sin ninguna duda marcará un antes y un después.
Conociendo de quiénes estamos hablando, empezando por la Presidenta y el Jefe de Gobierno, sabemos que la “caja” es algo que los desvive y por ello es precisamente en ese punto donde la Ciudad pretende poner el acento de la discusión. Dicho de una manera simple, le pide a Nación los traspasos superavitarios, como el juego y el puerto, a cambio de los deficitarios trenes y colectivos. Tan simple como eso, y tan alejado de la gente desde la concepción que manejan ambos palacios de la Plaza de Mayo.
¿A alguien se le puede ocurrir en este escenario de miserias que a los funcionarios de ambos gobiernos les importa cómo viaja la gente? ¿Por qué les debería importar ahora y no antes, cuando prestación y controles eran de pésima calidad? Aseguran que en el caso de los trenes solo quedó en funcionamiento después del menemismo la tercera parte de la red ferroviaria y eso implica –esencialmente– el transporte urbano y suburbano en Capital y provincia de Buenos Aires y ciertos corredores de cargas indispensables en el país. Los subtes dispararon un tema que está en agenda hace mucho tiempo y que por más que se diga que se mejoró mucho en este último gobierno, queda claro que la desinversión en el transporte público que heredaron y dejaron seguir a pesar de las advertencias de todos los organismos pertinentes, hoy pasó de ser una gran negocio económico y político a ser exactamente todo lo contrario en los dos frentes.
Vamos a escuchar en los próximos días discusiones acerca de unitarios y federales, desempolvando la madre de todas las discusiones de la política argentina. El kirchnerismo necesita deshacerse de esas erogaciones a cualquier precio y le tirará encima los congresistas federales a los porteños, que reclamarán el puerto –entre otras cosas que no le darán– para que la remake sea completa. El macrismo espera el escenario legislativo local –con su mayoría– para que la discusión se emparde y pueda llegar a la Corte.
Mientras tanto, los servicios seguirán siendo pésimos, la gente estará fuera de toda agenda, una provincia clave e indispensable para la solución se esconde por ahora sin decir palabra detrás del Gobierno nacional y lo más probable es que el tiburón se coma la mojarrita, como siempre se hizo, desde el poder central.
Quién saldrá mejor parado en la carrera presidencial es otro cantar. No es necesario hablar del pobre vecino, hay que defenderlo con actitud y convicción, las intendencias también tienen ciudadanos que cuidar, y el Gobierno nacional debe ser del pueblo todo y sus necesidades. La Ciudad y la Nación deben encarar soluciones concretas y discutir menos. Los votos los tuvieron ambos y los están rifando aceleradamente. Deben pensar menos en qué dicen los medios y más en la sociedad que los votó.